El ministro Félix Bolaños, con su pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la manos
Los efectos colaterales
El adelanto electoral entierra las leyes que ideó Bolaños para intervenir la Justicia
La disolución de las Cortes da al traste con la pretensión del Gobierno de cercenar la acusación popular, hacer que los fiscales instruyan y remodelar el acceso a las carreras judicial y fiscal
El adelanto electoral ha asestado el golpe de gracia a la reforma con la que el ministro Félix Bolaños pretendía cambiar de arriba abajo la Justicia, a través de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Ambas estaban en trámite parlamentario.
Si hay una cartera especialmente afectada por la disolución anticipada del Parlamento esa es la de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La mala relación entre el Gobierno y Junts del último año había tenido bloqueados durante meses los dos proyectos de ley en los que el departamento de Bolaños había condensado los cambios. Ahora pasan de bloqueados a caídos.
Uno es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Ejecutivo envió al Congreso en noviembre de 2025. Esta contenía una de las grandes obsesiones del Ejecutivo: despojar a los jueces de la instrucción de las causas penales para entregársela a los fiscales, con el argumento de homologar el sistema español al de la mayoría de las democracias europeas. Sucede que España tiene una particularidad: la Fiscalía General del Estado es autónoma, pero no independiente en el desempeño de su función, como se encargó de presumir Pedro Sánchez en aquella célebre entrevista en RNE.
La reforma de la Lecrim incluía también la limitación de la acusación popular, que tanto daño sigue haciendo a Pedro Sánchez y al PSOE en las causas por corrupción investigadas por la Justicia. Básicamente para que los partidos, las asociaciones y fundaciones vinculados a estos, así como los sindicatos, las personas jurídicas y entes públicos no pudieran ejercerla. Es decir: ni el PP, ni Vox, ni Manos Limpias, ni Hazte Oír, ni Iustitia Europa, ni la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales… Para los demás, la acusación popular se limitaba a un catálogo de delitos, no a todo el Código Penal.
Esta castración de la acusación popular ya figuraba en similares términos en el articulado de la malograda 'ley Begoña', que fue la proposición de ley que el grupo parlamentario socialista registró en el Congreso en enero de 2025 para tratar de intervenir la Justicia por la vía rápida y frenar el avance de algunos casos. Con el paso de tiempo, el PSOE tuvo que acabar retirándola de la tramitación parlamentaria porque no convenció ni a Sumar, dados sus tintes antidemocráticos. Y los socialistas enmascararon parte de su contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por si a la segunda iba a la vencida. Que resulta que no.
El otro es el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que el Gobierno envió al Congreso en mayo de 2025 en medio de una enorme polémica y que modificaba de una tacada la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según el ministro Bolaños, la reforma aseguraba «la igualdad de oportunidades en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía», ampliaba «la diversidad de perfiles» y mejoraba «la formación y transparencia en estos cuerpos». Según buena parte de la Judicatura, que se manifestó contra ella e incluso convocó una huelga, comprometía la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal. Entre otras cosas, creaba el conocido como cuarto turno en la carrera fiscal, inexistente en la actualidad, y modificaba el cuarto turno de la carrera judicial, que lleva en vigor cuatro décadas. Tampoco verá la luz del día tras la disolución de las Cortes.
Una de las protestas que convocaron jueces y fiscales contra las leyes Bolaños
Esta que acaba ha sido una legislatura muy improductiva en el terreno legislativo. Más aún después de que Junts anunciara el bloqueo de la legislatura, en octubre del año pasado. Y no solo porque no haya habido unos Presupuestos en toda la legislatura, como tampoco un debate sobre el estado de la nación. Es que, ya antes del adelanto electoral, el Gobierno tenía atascadas en el Congreso la mayoría de sus leyes por falta de acuerdo con los de Carles Puigdemont. Algunas, desde la pasada legislatura, como la Ley de Familias.
También, la Ley de Información Clasificada, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, la ley que tenía que reglar las actividades de los grupos de interés o lobbies, la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Rectificación y la ley para la protección de los menores en los entornos digitales, entre otras.
