La Fiscalía pide al Supremo que deje votar a los nacionalizados por la ley de nietos

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos para que puedan participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El ministerio público considera que el adelanto electoral ha alterado las circunstancias que llevaron al alto tribunal a adoptar esta medida y advierte de las dificultades para ejecutarla antes de los comicios, cuyo calendario obliga a cerrar el censo electoral este lunes.

En un escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Fiscalía solicita que no se lleve a cabo la revisión de los expedientes afectados al menos durante este proceso electoral. También reclama que se permita a los ciudadanos perjudicados por la decisión personarse en el procedimiento para defender sus intereses, ya que hasta ahora no se les ha dado la oportunidad de intervenir directamente en la causa.

El pronunciamiento se produce después de que el Supremo concediera un plazo de 48 horas a las partes para presentar alegaciones sobre la aplicación de la suspensión tras la convocatoria anticipada de elecciones. Ese plazo concluyó este jueves y el alto tribunal prevé resolver durante el fin de semana, dada la proximidad del cierre del censo electoral, según fuentes jurídicas citadas por EFE.

La Fiscalía sostiene que el adelanto electoral ha cambiado el escenario en el que deben ponderarse los intereses en conflicto. En particular, señala las posibles incompatibilidades entre la ejecución de la medida cautelar y la normativa electoral, puesto que el censo utilizado para estos comicios quedó cerrado el 1 de agosto y las posibilidades de modificarlo son limitadas.

El ministerio público advierte, además, de que aplicar la resolución del Supremo podría provocar una suspensión progresiva de altas en el censo desde ahora hasta la celebración de las elecciones e incluso después. Por ello, plantea que los magistrados valoren la posibilidad de no ejecutar las revisiones durante el proceso electoral, en lugar de mantener una medida cuya aplicación considera problemática en las actuales circunstancias.

La petición de la Fiscalía coincide en lo esencial con la postura defendida un día antes por la Abogacía del Estado. Los servicios jurídicos del Gobierno solicitaron también que se revoque la suspensión al considerar que resulta «materialmente imposible» revisar individualmente todos los expedientes afectados en el plazo disponible. Según las cifras aportadas por la Abogacía, la medida afecta a 163.020 personas, mientras que otras referencias al procedimiento sitúan el volumen de expedientes en torno a los 170.000.

La controversia se remonta al pasado 8 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) correspondientes a ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida como ley de nietos.

La decisión judicial se adoptó a raíz de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra la actuación de la Junta Electoral Central. Ambos partidos cuestionaron la inscripción en el censo de beneficiarios de la ley de nietos al considerar que debía comprobarse si cumplían los requisitos exigidos para acceder a la nacionalidad por esta vía. El Supremo apreció entonces un riesgo para la objetividad y la transparencia del proceso electoral y acordó la suspensión cautelar mientras se estudia el fondo del asunto.

A las dificultades materiales se suma la cuestión procesal planteada por la Fiscalía: la situación de los miles de ciudadanos afectados, que no han sido emplazados individualmente para intervenir en el procedimiento. La Abogacía del Estado también ha pedido que se les dé audiencia, al considerar que la medida supone un sacrificio de su derecho fundamental al sufragio sin que hayan podido defenderse ante el tribunal. La ausencia de ese trámite podría convertirse en un nuevo foco de controversia jurídica si el Supremo mantiene la suspensión.

Mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden levantar la medida, Iustitia Europa ha reclamado al Supremo que suspenda las elecciones generales durante el tiempo estrictamente indispensable para ejecutar la revisión de los expedientes. El partido sostiene que debe garantizarse el cumplimiento efectivo de la resolución judicial antes de celebrar los comicios.