Qué piezas del Estado sanchista caerán primero y cuáles sobrevivirán si llega la derecha al Gobierno

El PSOE y diversos partidos del Frente Amplio (antes Sumar) se reunirán este domingo para estudiar la posibilidad de concurrir al Senado en candidaturas conjuntas y así maximizar sus opciones ante una derecha hipermovilizada. La iniciativa partió del movimiento «Senadoras y Senadores por la democracia». El viernes 16 de octubre se cierra el plazo para registrar coaliciones electorales y la izquierda tiene miedo. A que el PP revalide su actual mayoría absoluta pero, sobre todo, a que junto a Vox sumen tres quintos en el Senado.

¿Y por qué, si de facto es una cámara de segunda lectura y no manda sobre el Congreso? Porque el Senado elige por mayoría de tres quintos a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. He ahí la cuestión. La izquierda, y en particular el PSOE, llevan desde el lunes alimentando la tesis de la remontada cuando, en realidad, ya están pensando en su supervivencia institucional más allá del 29 de noviembre.

En los últimos años, Pedro Sánchez se ha dedicado a crear un Estado sanchista que, si fuera necesario, les sobreviviera a él y al PSOE. En el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y algunas comisiones reguladoras lo tiene hecho, pero en el resto no tanto. Si el actual presidente es desalojado de la Moncloa, los que cuenta más papeletas de seguirle los primeros son el presidente del CIS y la fiscal general del Estado. Y después hay más.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, fue elegida en noviembre de 2025 para un mandato de cuatro años. Sin embargo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la posibilidad de su cese «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto». Por su parte, José Félix Tezanos ocupa el cargo desde junio de 2018. No solo es el presidente del CIS más longevo, sino también uno de los pocos cargos del Gobierno que está desde primera hora. Según la ley, es «nombrado y separado» por real decreto del Consejo de Ministros. El PP ha llegado a querellarse contra él por «manipulación deliberada de encuestas electorales», y Alberto Núñez Feijóo lo tiene enfilado.

Después está el presidente de RTVE, corporación a la que el PP se refiere como «Telepedro». El Gobierno entró a machete en el Consejo de Administración del ente público en octubre de 2024, mediante un real decreto ley. Cambió el número de consejeros, también las mayorías necesarias para su elección y hasta su mandato. Su intención era controlarlo con una mayoría de izquierdas e independentista hasta finales de 2030. Porque los 15 consejeros fueron elegidos en noviembre de 2024 para seis años, con posibilidad de renovar para un segundo mandato. Sin embargo, creado el precedente, creada la trampa: lo que un real decreto ley asaltó, otro real decreto ley del siguiente Gobierno puede modificarlo.

La del Tribunal Constitucional es la gran batalla. Con su actual mayoría de izquierdas, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido ha anulado la sentencia de los EREs y avalado la amnistía a Carles Puigdemont, en ambos casos en contra del criterio del Tribunal Supremo. Así de crucial es su control.

Lo componen 12 magistrados y cada año se renuevan tres. Este 2026 tocaba renovar a los cuatro que elige el Senado, Conde-Pumpido entre ellos. Por la actual mayoría de tres quintos, dos los habría designado el PSOE y dos el PP, de manera que la proporción actual en el Constitucional de siete magistrados de izquierdas frente a cuatro conservadores se habría mantenido al menos hasta 2029. Es decir, hasta la siguiente renovación parcial. Sin embargo, el PP ha mantenido esos nombramientos bloqueados todo este año a la espera de una nueva legislatura, con la expectativa (no es fácil) de sumar tres quintos con Vox y que los cuatro magistrados nuevos los elija la derecha. Ahí sí habría un cambio de mayorías.

La actual composición del Consejo General del Poder Judicial, fruto de un acuerdo entre el PSOE y el PP alcanzado en julio de 2024, se extenderá hasta julio de 2029. El órgano de gobierno de los jueces está presidido por Isabel Perelló y lo forman 20 vocales, 10 a propuesta del Congreso y 10 a propuesta del Senado. Todos para un mandato de cinco años. De nuevo, la mayoría que alcancen el PP y Vox en la Cámara Alta será crucial para la próxima renovación, aunque esa se producirá en el medio plazo, no en el corto. En el acuerdo entre populares y socialistas también figuraba reformar la Ley orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección. Sin embargo, de momento sigue igual.

En el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Gobierno lo ha dejado todo atado hasta mediados de 2032. El pasado julio, el Ejecutivo renovó la cúpula de la CNMC para un periodo de seis años sin el apoyo del PP, gracias a la complicidad de sus socios y a la incomparecencia de Junts en la Comisión de Economía del Congreso, la que debía aprobar los nombramientos. El presidente desde entonces es Juan José Ganuza.

En el caso del gobernador del Banco de España, el exministro José Luis Escrivá, su mandato de seis años se extenderá hasta septiembre de 2030. Es decir, prácticamente toda la próxima legislatura. Eso sí, en su caso no hay renovación posible. Recientemente, el Banco de España ha elevado de 700.000 a un millón el déficit de viviendas para los próximos años, poniendo así el acento en donde no quiere ponerlo la izquierda: en la construcción.

La renovación en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, se produjo en marzo, cuando fue designada Inés Olóndriz, que hasta entonces era un alto cargo del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Su mandato durará seis años, hasta marzo de 2032. Igual que Escrivá, no puede renovar para un segundo, pero hasta entonces está blindada: un nuevo Ejecutivo no podría cesarla.

En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Gobierno reformó la ley que la regula en marzo de 2023, para alargar el mandato de su presidente, vicepresidente y consejeros de cuatro a seis años, pero sin posibilidad de reelección. En diciembre de 2024 fue designado presidente Carlos San Basilio, que había sido secretario general del Tesoro con Nadia Calviño. Y Paloma Marín como vicepresidenta. Estarán hasta finales de 2030.

La composición actual del Tribunal de Cuentas fue pactada entre el PSOE y el PP en octubre de 2021, con Pablo Casado como líder de la oposición. Cada partido nombró seis de los 12 consejeros que lo componen, para un periodo de nueve años; hasta finales de 2030. El Gobierno situó como presidenta a Enriqueta Chicano, para un periodo de tres años, que renovó a finales de 2024 para otros tres. Hasta finales de 2027.

Después de ocho años gobernando, el sanchismo se ha infiltrado por todos los poros del Estado. Y perdurará años.