El empresario al que la ‘fontanera’ pidió acabar con el jefe de la UCO dice que le amenazaron con empeorar su futuro si no atacaba a la Guardia Civil

Alejandro Hamlyn, el empresario al que Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, pidió acabar con el jefe de la UCO, sostiene que le amenazaron con empeorar su futuro judicial si no atacaba a la Guardia Civil. Según ha podido saber este periódico, lo afirma en primera persona y después de «más de un año de silencio». El Debate publica hoy la versión del presidente de Hafesa, que asegura que se negó a participar en «una maniobra contra la Guardia Civil» y que dejó constancia de ello para protegerse. Afirma que esa misma prueba «se utiliza para presentarle ante la opinión pública como lo contrario de lo que fue».

Hamlyn sostiene que «en los meses previos al juicio de la causa de hidrocarburos» fue objeto de «presiones que nunca debieron producirse en un Estado de Derecho». Según su relato, «personas que actuaban al margen de cualquier cauce legítimo se acercaron a mí cuando más vulnerable me encontraba, presentándose como la solución a mis problemas judiciales». Le ofrecieron, afirma, «beneficios y favores, entre ellos la posibilidad de «sentarme con la Fiscalía», a cambio de información «con la que desacreditar a agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y a los fiscales que dirigían la investigación». Y lo resume así: «Lo que se me pedía, en el fondo, era que comprara mi tranquilidad a costa de la honra de servidores públicos que se limitaban a cumplir con su deber».

El contacto, explica, «me llegó a través de Leire Díez», «conocida en los medios como «la fontanera» y hoy investigada judicialmente en relación con estos hechos». Hamlyn afirma que «lo que se me trasladó fue la presión sobre mi futuro judicial para que atacara a la Guardia Civil, y a esa pretensión me negué en todo caso, como recoge la propia grabación». La presión, según Hamlyn, fue contundente: «Se me hizo saber sin rodeos que, si no colaboraba y no atacaba a los cuerpos policiales, mi futuro ante los tribunales iba a empeorar». Se encontró, dice, ante «una disyuntiva que nadie debería afrontar en un Estado de Derecho, la de prestarme a una operación indigna o atenerme a sus consecuencias, y elegí lo segundo sabiendo lo que podía costarme».

En esa operación aparece el teniente coronel Antonio Balas, mando de la UCO que investiga causas vinculadas al PSOE. En la videoconferencia de febrero de 2025, según el audio que publicó El Confidencial, Díez le dijo: «Necesito a Balas» y «A Balas lo quiero muerto». Hamlyn sostiene que él no entró en ese juego: «Tampoco entregué entonces, ni he entregado después, un solo dato contra ningún agente de la Guardia Civil ni contra ningún fiscal, por la sencilla razón de que nunca tuve intención de hacerlo».

Explica también por qué quedó grabada la conversación: «Aquella grabación respondió al miedo y a la necesidad de protegerme de la presión a la que estaba siendo sometido, pues sabía que, sin una prueba objetiva de lo que se me proponía y del precio que se ponía a mi negativa, mi palabra iba a valer muy poco frente a quienes manejaban aquella operación». Y se queja de que ahora se use en su contra porque «pocas cosas me han dolido tanto como ver que la prueba que debía protegerme se esgrime hoy contra mí, como si quien denuncia y quien es denunciado fueran la misma persona».

Según su versión, de aquella conversación «se han extraído frases mías, aisladas de su contexto, para presentarlas como un ofrecimiento por mi parte, cuando basta escuchar la grabación completa para comprobar que dejé hablar a quien me presionaba porque quería que su propuesta se expresara con todo detalle».

Hamlyn fue detenido en agosto en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), donde pesaban sobre él dos órdenes internacionales de arresto de tribunales españoles. Sobre su permanencia en Emiratos, sostiene que «obedece a un procedimiento abierto en Dubái que, mientras se tramita, me impide salir del país». Afirma que «nunca he huido de la Justicia española» y que le duele «especialmente que se me llame prófugo cuando lo que más deseo es sentarme ante un tribunal español y defender allí, mirando a los ojos a quien me juzgue, la inocencia que he sostenido desde el primer día».

Sobre Hafesa, defiende que «ha cumplido siempre sus obligaciones fiscales propias» y que la sentencia de la Audiencia Nacional «no es firme y está recurrida en apelación». Recuerda que figura «entre las mayores contribuyentes del País Vasco», con «más de 2.500 millones de euros» ingresados en impuestos en ocho años. El empresario cierra con una referencia a sus hijos, menores de edad: «Ese precio lo están pagando, sobre todo, mis hijos». Y concluye: «Lucho por defender mi inocencia y por proteger a mi familia y a mi compañía, y será en los tribunales donde siga dando cuenta de lo ocurrido».