La Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales reunida en las elecciones generales de 2023
Sánchez creó dos estructuras de seguridad electoral, pero ninguna alertó a la JEC del riesgo de votar sin QR
Interior incorporó a Seguridad Nacional, Centro Criptológico Nacional,Correos y la propia Junta Electoral en una red de protección de las elecciones. El órgano de seguridad del Ministerio se reunió el mismo día que la JEC autorizó miDGT para el voto postal del 23J. Fuentes del árbitro confirman a El Debate que nadie advirtió del problema de autenticación
El Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha en 2019 dos estructuras de seguridad electoral, con participación de los principales organismos de ciberseguridad del Estado y de la propia Junta Electoral Central (JEC). Sin embargo, ninguno alertó al árbitro de que mostrar el carné de conducir digital en una pantalla, sin verificar su código QR, no garantizaba la autenticidad del documento, según confirman a El Debate fuentes de toda solvencia de la propia Junta.
Mientras Interior promovía miDGT para identificar a los votantes, el Gobierno disponía de una arquitectura específica de seguridad electoral creada por él mismo que incluía al Centro Criptológico Nacional, al Departamento de Seguridad Nacional, al Instituto Nacional de Estadística, a Correos y a la Administración electoral.
El Debate ha documentado ya el origen de miDGT, su introducción en las urnas en mayo de 2023 y cómo Correos la metió en el voto por correo para las generales del 23-J. La cuestión es qué hicieron los organismos encargados de coordinar la seguridad electoral ante la grieta introducida en el sistema por el propio Gobierno.
Marlaska creó un Subcomité con obligaciones de seguridad
El 10 de abril de 2019, Fernando Grande-Marlaska firmó la Orden INT/424/2019, publicada dos días después en el Boletín Oficial del Estado. Su artículo 22 creó el Subcomité de Seguridad de la Información para la Difusión de Resultados Provisionales en Procesos Electorales, adscrito al Comité Superior para la Seguridad de la Información del Ministerio del Interior.
El 10 de abril de 2019 Interior creó un Subcomité con obligaciones de seguridad
Le atribuía funciones de coordinación, normas de seguridad, análisis de riesgos y seguimiento de incidentes con responsables técnicos, comunicaciones y protección de datos.
El artículo 27 exige analizar riesgos en cada elección ante cambios o vulnerabilidades graves. El artículo 29 establece auditorías previas quince días antes de votar y evaluaciones en los treinta días siguientes. Se refieren a los sistemas de difusión de resultados provisionales, no a la identificación con móviles, pero acreditan los controles tecnológicos exigidos por Interior.
La Red de Sánchez con la JEC
En 2019 Sánchez creó la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales conforme a las recomendaciones europeas contra ciberamenazas y desinformación. Reunía diversos ministerios y a la propia JEC.
El 8 de mayo de 2023, veinte días antes de las elecciones municipales y autonómicas, Marlaska presidió la activación de la Red. Interior distinguía cuatro ámbitos de actuación: proceso electoral; protección de datos personales; seguridad física y ciberseguridad; y lucha contra la desinformación.
El Gobierno activó en 2023 Sánchez creó la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales
En el bloque electoral participan Interior, el INE, asuntos consulares, el Centro Criptológico Nacional y Correos, incorporada ese año. En ciberseguridad figuran también el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y equipos de respuesta ante incidentes informáticos.
Presidencia estaba implicada desde 2019. El 9 de abril el Consejo Nacional de Ciberseguridad examinó la protección electoral. Tres días después, el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Sánchez, anunció la creación de la Red para proteger las elecciones frente a ciberataques, datos personales y desinformación. El Departamento de Seguridad Nacional, integrado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, asesora al presidente en materia de Seguridad Nacional y presta apoyo al Consejo Nacional de Ciberseguridad, aunque dentro de la Red lo sitúa en el ámbito de la desinformación.
Es decir, Sánchez puso en marcha una Red de seguridad electoral en la que la JEC compartía estructura con especialistas tecnológicos del Estado. Cuando autorizó miDGT sin exigir leer el QR no recibió advertencias de esos organismos sobre la grieta de seguridad, según fuentes próximas al árbitro electoral.
Fernando Grande-Marlaska activa la red de coordinación para la seguridad en procesos electorales
¿Por qué callaron?
Interior camufló en 2023 la mayor novedad tecnológica introducida en la identificación electoral. La utilización del carné en el móvil sin QR en el voto por correo del 23-J y en las ocho elecciones posteriores multiplicó exponencialmente la grieta de seguridad, como viene denunciando El Debate.
¿Por qué ninguno de los organismos especializados trasladó a la Junta una advertencia sobre la diferencia entre visualizar una credencial digital y autenticarla mediante su código QR?
La coincidencia del 21 de junio: Correos y el órgano de seguridad
El dosier oficial de Interior sobre el 23-J confirma una reunión del Subcomité el 21 de junio de 2023. Ese mismo día, la JEC aprobó a consulta de Correos la identificación para el voto postal. Correos, presidida por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, se había incorporado a la Red ese mismo año. ¿Qué trató el Subcomité aquel día? No consta que examinara miDET ni el riesgo de usarlo para la identificación por correo sin QR ya que su ausencia de lectura del suprimía la comprobación tecnológica de autenticidad. Si hubo fraude, al no saber quiénes se identificaron con la aplicación del Gobierno, no se sabrá nunca. El 23J Correos admitió 2.471.935 votos postales, récord histórico. El PSOE obtuvo 1.029.519 votos más que en noviembre de 2019.
Una Red sin reglamento público localizado
A diferencia del Subcomité, la Red carece de una disposición específica de organización y funcionamiento localizada en el BOE. Interior reconoce su actividad desde 2019, pero su composición se conoce principalmente por notas oficiales. Tampoco se han localizado actas públicas de modo que quedan en el aire quienes documentaba las deliberaciones y trasladaba las advertencias técnicas a la JEC.
La Red volvió a activarse el 4 de julio de 2023, antes de las generales, cuando miDGT ya había sido admitido tanto en las mesas como en Correos. Tres años después, el 26 de marzo de 2026, tras las denuncias de este periódico y los recursos del PP, la Junta de Andalucía y un particular, la JEC suspendió la eficacia de sus anteriores acuerdos sobre miDGT y miDNI hasta que el control de verificación de identidad resultara suficientemente seguro.
Ante las generales adelantadas al 29N, Iustitia Europa ha reclamado una decisión urgente y protocolos uniformes para comprobar la autenticidad de las credenciales digitales. Falta saber quién examinó la seguridad de procedimientos electorales entre 2023 y 2026. Porque los organismos existían, los responsables estaban designados y la tecnología de autenticación también. Sin embargo, el Gobierno lo ocultó tan magistralmente que nadie exigió utilizarlas.