La lista de más de 750 altos cargos del Gobierno que sienten el vértigo a que Sánchez pierda el poder

La ministra de Juventud e Infancia aprovechó su presencia en la rueda de prensa del martes en la Moncloa para despedirse. Sira Rego no repetirá en las candidaturas electorales de Frente Amplio (antes Sumar) y sabe que tiene los días contados en el Gobierno de coalición. Otros muchos aguardan su destino con nerviosismo e incertidumbre. La espada de Damocles del 29-N pende sobre ellos.

Estas son unas elecciones generales a vida o muerte no solo para Pedro Sánchez. También lo son para otros 756 altos cargos de la Administración General del Estado. Es la cifra que suman los del Gobierno más mastodóntico de la democracia desde la legislatura constituyente, más los de sus empresas públicas, organismos reguladores y demás estructura.

Muchas nóminas dependen de que haya cambio de Ejecutivo o no. El Debate publica la lista, que es la que el Ministerio de Hacienda envió al Congreso en julio en cumplimiento de la Ley de Transparencia, correspondiente al primer semestre de 2026. Ahí figuran 823 altos cargos de la Administración General del Estado en activo a fecha del 30 de junio. No obstante, de esos hay que descontar: los 11 de la Casa del Rey, porque Felipe VI tiene las manos libres para hacer los nombramientos y ceses que considere, y los 55 presidentes y directores de las distintas autoridades portuarias, porque son las comunidades autónomas y no el Gobierno de España las que designan a los presidentes y estos, a su vez, a los directores.

En la relación están Sánchez, sus tres vicepresidentes, los 15 ministros del PSOE y los cuatro de Sumar, pero también cientos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, secretarios generales técnicos, presidentes de empresas, agencias, fundaciones e instituciones públicas, embajadores de España en otros países, delegados del Gobierno en las comunidades.

También, directores de Gabinete de los ministros, comisionados especiales, consejeros de organismos reguladores como la CNMV y la CNMC. Así como mandos del Ejército, jefes de misión diplomática permanente, miembros del Consejo de Administración de RTVE… Solo en la Presidencia del Gobierno hay adscritos 29 altos cargos, empezando por el director del Gabinete de Sánchez y el director adjunto, Diego Rubio y Ángel Alonso.

Una minimísima parte pueden tener cierta tranquilidad. Relativa. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, tiene mandato hasta septiembre de 2030. También hasta finales de ese año lo tiene el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Inés Olóndriz, y el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Juan José Ganuza, en teoría fueron elegidos hasta 2032.

En el listado hay una directora de la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania, Clara Guzmán, y una secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos que no ha presentado unos presupuestos en toda la legislatura, María José Gualda. También sigue a sueldo del Estado la comisionada para la celebración de los actos de los 50 años de España en Libertad, Carmen Gustrán, cuando en realidad el Gobierno los conmemoró el año pasado. Y la comisionada especial del Ejecutivo para la reconstrucción tras la dana de hace dos años, Zulima Pérez. Además de los directores generales de los consorcios públicos Casa Árabe, Casa del Mediterráneo, Casa Asia, Casa África, Casa América y Centro Sefarad-Israel.

En esa relación está el presidente del CIS, José Félix Tezanos. El PP prometió ayer que la suya sería «una de las primeras destituciones fulminantes» de Alberto Núñez Feijóo si llega a la Moncloa, tras conocer su último barómetro. Uno que da al PSOE 12 puntos de ventaja sobre el PP. Según la ley, el presidente del CIS es «nombrado y separado» por real decreto del Consejo de Ministros, así que sería inmediato.

También figura la fiscal general del Estado. En teoría, Teresa Peramato fue elegida en noviembre de 2025 para un mandato de cuatro años. Sin embargo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la posibilidad de su cese «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto».

La oposición ha recriminado a Sánchez en incontables ocasiones la enorme estructura que ha creado en la Administración General del Estado a lo largo de estos más de ocho años. Cuando Mariano Rajoy fue desalojado de la Moncloa en junio de 2018, su Ejecutivo tenía una vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y 13 ministros.

Casi ninguno de esos altos cargos, empezando por Sánchez, saldrá de dudas sobre su futuro hasta el 29 de noviembre. Sin embargo, en su caso tienen una ventaja: la llamada indemnización por cese. Cuando un alto cargo abandona el Gobierno, ya sea voluntariamente o cesado, tiene derecho a una indemnización del 80 % de su salario por el mismo tiempo que haya ocupado el cargo, hasta un máximo de dos años.

Se trata de una compensación que el interesado tiene que solicitar y que es incompatible con cualquier otra remuneración, bien sea pública o privada. Si hay cambio de Gobierno tras las elecciones de noviembre, las arcas del Estado tendrán que sufragar esas indemnizaciones.