Sociedad Civil Catalana recurre la amnistía del Tribunal de Cuentas a la malversación del procés

Tras la polémica decisión por la que el Tribunal de Cuentas (TC) notificaba, esta semana, la amnistía de la malversación a los 35 cabecillas políticos del procés, Sociedad Civil Catalana (SCC) presentará un recurso de apelación contra la resolución, La entidad, que ha sido especialmente combativa contra el borrado penal de los delitos derivados del 1-O, ha manifestado su oposición a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la posición del TC y de la aplicación de la ley de amnistía a quienes, según sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, malversaron caudales públicos de la administración catalana para sufragar los gastos del referéndum inconstitucional y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que sigue, por el momento, suspendida.

En una nota oficial de SCC, a la que ha tenido acceso El Debate, se adelanta que si esta primera impugnación ante el propio órgano fiscalizador no es suficiente, deja la puerta abierta a instancias superiores.

Cabe recordar que dentro del procedimiento relativo a los gastos vinculados al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, el Tribunal de Cuentas ha acordado finalmente aplicar la Ley Orgánica de Amnistía y absolver a los dirigentes separatistas demandados por desvío de fondos, un total de 34 encausados, entre los que se encuentra Carles Puigdemont, en el marco de un procedimiento en el que Sociedad Civil Catalana ha intervenido como parte demandante.

Así las cosas, mientras en un primer momento, el Ministerio Fiscal también actuó en el procedimiento como reclamante, finalmente acabó solicitando la aplicación de la amnistía para los encausados, entre los que se encuentran el ex presidente separatista Puigdemont, su predecesor en el cargo Artur Mas y el que fuera vicepresidente del primero, Oriol Junqueras, de Esquerra (ERC).

Sin embargo, y frente a este cambio de planteamiento, Sociedad Civil Catalana considera que nuestro sistema jurídico le permite insistir en sus argumentos iniciales, los que motivaron su demanda por responsabilidad contable contra los organizadores del referéndum ilegal.

«En aquel momento, a inicios de 2022, exigíamos la devolución a las arcas públicas de los recursos empleados para organizar un golpe institucional contra gran parte de la ciudadanía de Cataluña y del resto de España. Desde la sociedad civil de Cataluña estamos convencidos de que aún existe recorrido judicial, y como representantes de esta, entendemos que Puigdemont, Junqueras y el resto de los investigados no merecen ser amnistiados», reza el texto de SCC.

«En primer lugar», sostienen, «porque ni siquiera han pedido perdón a la ciudadanía catalana y del resto de España que resultó sumamente agraviada por el golpe institucional de otoño de 2017. Un golpe contra la legalidad vigente que, además, fue sufragado con dinero público de los propios perjudicados».

«No es cierto que la aplicación de la amnistía haya mejorado la convivencia, como sostienen algunos. Si hoy hay menos altercados en las calles relacionados con el separatismo es porque el Estado desactivó su atropello mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. El nacionalismo rupturista tampoco gobierna, en estos momentos, las instituciones que se alzaron contra el orden constitucional. Lo cual no impide que la ideología separatista, excluyente y tóxica, haya contaminado a toda España de crispación y polarización. Tanto es así que los líderes independentistas insisten en que lo volverán a hacer en cuanto tengan la ocasión. La pregunta directa a los demandados absueltos en función de una autoamnistía es la siguiente: ¿Piden perdón por la sublevación que llevaron a cabo en 2017 y acatan el Estado de Derecho vigente en el país que les ha amnistiado? ¿Se comprometen a no repetir otro golpe institucional?», cuestionan desde SCC.

Además, «en segundo lugar», porque la sociedad civil no tiene que «aceptar como un hecho normal que sus responsables políticos mintieran descaradamente a la ciudadanía en la campaña de las últimas elecciones generales de julio de 2023, al reiterar que no concederían la amnistía a los líderes golpistas juzgados y condenados por el Supremo por delitos tan graves como sedición, malversación y desobediencia».

«Ni quienes se levantaron contra el orden constitucional merecen una medida de gracia ni los políticos que mintieron gravemente a los votantes españoles deben ser recompensados con una autoamnistía reconocida como tal públicamente tanto por los beneficiados como por los responsables políticos que la aprobaron», prosigue el comunicado.

«No se trata únicamente de un problema jurídico o político -que también-, sino de la propia dignidad de una sociedad civil gravemente perjudicada por unos y engañada por otros, donde los unos y los otros han acordado beneficios mutuos», concluye.