El socio de Aldama toma la iniciativa y pide su declaración voluntaria en el caso hidrocarburos

El socio de Víctor de Aldama, el también empresario Claudio Rivas, imputado en el 'caso hidrocarburos', ha movido ficha y pide su declaración voluntaria, en la Audiencia Nacional (AN), a partir de la última semana del mes de noviembre, con la intención de aportar nuevos documentos e información de relevancia para la investigación en curso.

Así lo ha planteado al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso El Debate, y en el que al abogado de Rivas, Francisco Miguel Galiana, ha instado diferir la comparecencia de Rivas, hasta esa fecha, por motivos de salud del propio letrado.

Cabe recordar que el empresario, y socio del comisionista Víctor de Aldama, se encuentra bajo la lupa de la Justicia en una doble causa, por su posible implicación en una trama diseñada para el fraude del IVA, en primer lugar con la mercantil Gaslow Abastecimientos, que llevó al propio Aldama a ingresar en prisión provisional; y, con posterioridad, en una estructura similar por hechos análogos, con la sociedad Villafuel.

El juez Pedraz le situó, al inicio de las pesquisas, «en un núcleo que operaría, en unidad de acción, en el sector de los hidrocarburos y que podrían, dado que la estructura fraudulenta ha sido evidenciada a través de las actuaciones inspectoras, estar diseñando una nueva que les permitiría seguir realizando operativas asociadas al fraude de IVA y al blanqueo de capitales».

Hasta la fecha, sin embargo, Rivas ha venido cuestionando las pesquisas de la Audiencia Nacional, incluidas en el sumario del procedimiento abreviado 100/2021, alegando que su inclusión tardía en el procedimiento, lo que ha motivado una «flagrante indefensión» del empresario, de acuerdo con los diferentes recursos presentados. Su incorporación «se produjo fenecido el plazo de investigación y tras años de instrucción desarrollada a sus espaldas, sin posibilidad alguna de conocimiento ni contradicción, lo que la hace constitucionalmente inválida», apuntaba su abogado en una de las impugnaciones ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN.