El telegrama fantasma de Albares: los consulados explican cómo votar, pero silencian las cautelares del Supremo

El contraste resulta revelador. Los consulados españoles están utilizando sus páginas web y redes sociales para explicar cómo votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Publican plazos, instrucciones, formularios y avisos electorales. Sin embargo, las cautelares del Supremo solo las han publicado en su web veinte oficinas consulares y solo una de ellas las ha difundido en redes sociales: el Consulado de Bahía Blanca.

El Supremo solo exigió insertar la resolución en los tablones consulares. Exteriores puede haber cumplido esa obligación formal, pero su asimetría informativa revela algo mucho más profundo: que el Gobierno impone una sordina digital a una resolución judicial de trascendental alcance que suspende los efectos electorales de al menos 163.000 posibles electores. Es obvio que el Ejecutivo cumple la literalidad de la orden judicial, y lo es también que no quiere que los ciudadanos afectados conozcan sus consecuencias. La pregunta es: ¿por qué?

Cumplimiento formal, silencio material

Tras publicar que la web de Exteriores no ha difundido una explicación sobre las cautelares y que apenas trece consulados las habían difundido, el número de oficinas se ha elevado a veinte: Monterrey, Río de Janeiro, Bahía Blanca, Stuttgart, Perpiñán, Bata y Rabat. Sin embargo, continúan sin publicar el auto en sus portales tres de las demarcaciones con mayor crecimiento del CERA desde noviembre de 2022: Ciudad de México (+37.552 electores), Rosario (+33.886) y La Habana (+17.134).

La escasa difusión digital de la decisión judicial que limita provisionalmente los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones mientras los consulados mantienen una intensa actividad informativa en sus redes sobre el voto exterior y las elecciones del 29-N resulta elocuente.

Incongruencias y plazos

El director de la Oficina de Información Diplomática (OID) reveladora remitió primero a esta periodista por WhatsApp una declaración de «fuentes de Exteriores» asegurando que el Ministerio «ha cumplido en todo momento y cumplirá escrupulosamente la legalidad vigente» y que el 13 de octubre había enviado un telegrama a todos los consulados ordenando publicar inmediatamente el auto del Supremo «en sus distintos canales». Sin embargo, cuando quien esto escribe le solicitó copia del telegrama y las certificaciones de cumplimiento, se limitó a responder con otro WhatsApp: «Está en todos los tablones de anuncios desde el día 13». El matiz es sustancial: primero Exteriores presume de haber ordenado una difusión por distintos canales y, cuando se le piden pruebas, reduce su explicación a los tablones físicos, precisamente el mínimo exigido por el Supremo. Sin mostrar el telegrama, ni siquiera es posible comprobar si el Ministerio ordenó también utilizar las webs y redes sociales de los consulados.

La cuestión es relevante porque la resolución judicial concede a los interesados cinco días hábiles para personarse ante el Supremo con abogado y procurador. Un anuncio colocado exclusivamente en un tablón físico resulta de facto prácticamente inaccesible para quien vive a cientos de kilómetros del consulado. Si las webs de los consulados y las redes sociales no lo publican, tampoco emiten entrevistas, vídeos o guías para informar a los afectados, el Ejecutivo está hurtando de facto la posibilidad de recurrir a los propios afectados, puesto que, salvo que sigan atentamente los medios españoles, no van a tener información sobre la necesidad de personarse y acreditar su derecho al voto. El mismo Gobierno que reclama como sagrado el derecho al sufragio está cortocircuitando la capacidad de personarse a los posibles electores al no informarles con todos los medios a su alcance.

Las papeletas salen, la suspensión permanece

La controversia adquiere una nueva dimensión con la decisión de la Junta Electoral Central de ordenar el envío de documentación electoral a los inscritos en el CERA, incluidos los afectados por las cautelares. La suspensión comprende a 163.020 electores cuya situación permanece condicionada a que la OCE determine qué electores están afectados y cuáles cumplen la excepción por exilio reconocida judicialmente. El tiempo corre, el plazo para el recurso se estrecha y también para la celebración de las generales el 29 de noviembre. Ahora es el propio Supremo el que reprocha a la Administración no haber acreditado la ejecución de sus cautelares. Parte de los datos llegó a los magistrados a través del recurso de la Abogacía del Estado, no de los informes de cumplimiento exigidos a la Oficina del Censo Electoral.

El penúltimo as en la manga: Pumpido

El Gobierno se revuelve públicamente contra la suspensión electoral del Supremo. El 12 de octubre, el Alto Tribunal rechazó el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno y del INE. El Ejecutivo busca desesperadamente una fórmula para llevar el conflicto al Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. La Fiscalía es su primer as: tiene legitimación propia para presentar un recurso de amparo, aunque decidió no recurrir en septiembre ante la Sala Tercera. Su posterior intervención, solicitando que se levantara la suspensión, podría resultar relevante para cumplir los requisitos procesales.

No lo tiene fácil. El amparo exige agotar la vía judicial previa, justificar la vulneración de derechos fundamentales y superar el examen de admisión del Constitucional. También CeDEU (Centro de Descendientes de Españoles Unidos), una asociación surgida en Argentina que lleva años reclamando la ampliación del acceso a la nacionalidad española para hijos y nietos de emigrantes, ha solicitado personarse ante el Supremo para combatir las cautelares. Su intervención podría abrir otra vía hacia el Constitucional, aunque primero deberá acreditar su legitimación procesal. Sánchez busca una salida judicial antes del 29-N, pero ni la Fiscalía ni CeDEU garantizan que el asunto llegue a Conde-Pumpido.

El Supremo provocó el adelanto electoral

Las cautela res precipitaron el adelanto electoral. Sánchez movió el reloj de las urnas al 29 de noviembre, estrechando el margen de los jueces para abrir la caja negra del censo y esclarecer el alcance de las nacionalizaciones de la ley de nietos. Ahora la carrera contrarreloj se ha vuelto contra el Gobierno: el Supremo mantiene la suspensión, el Constitucional sigue siendo una incógnita y Moncloa busca desesperadamente una salida antes de que se abran las urnas.

Todo tiene un por qué

¿Por qué sigue el Gobierno sin acreditar ante el Supremo la identificación individualizada de los electores afectados, y al mismo tiempo, apenas utiliza sus canales digitales para informarles de las cautelares y de cómo defender sus derechos? ¿Acaso teme que, si miles de nacionalizados acudieran a los consulados para exigir la certificación del exilio de sus antepasados, quedara al descubierto que solo una pequeña minoría puede acreditar el requisito exigido por el Supremo? Ese es el dato que sigue faltando: cuántos de los electores afectados pueden acreditar el exilio y conservar sus efectos electorales para el 29-N. No sabemos si la sordina responde a esa intención, pero la OCE tiene que explicar por qué no ha acreditado ante el tribunal la identificación de los afectados y el Gobierno explicar a los propios votantes CERA por qué no ha desplegado una información digital comparable a la que utilizó para facilitar las nacionalizaciones para que puedan ejercer su derecho a voto.