La vicepresidenta del Constitucional activa a los magistrados tras el amparo del Defensor del Pueblo contra la ley de nietos

La primera reacción oficial del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión del censo electoral de los residentes ausentes (CERA) nacionalizados por la ley de nietos, ha sido para comunicar que el Tribunal activará a los magistrados competentes para resolver el asunto, el próximo lunes.

En una breve nota institucional, a la que ha tenido acceso El Debate, Conde-Pumpido confirma que el ponente encargado de informar sobre la admisión de la impugnación será el magistrado Enrique Arnaldo y, en consecuencia, el asunto ha recaído en el marco de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de la que es presidenta su mano derecha, Inmaculada Montalbán, que «tiene previsto convocar» a los miembros de la misma, a comienzos de la próxima semana. Una urgencia que, como recoge el comunicado, responde a la petición de «medidas cautelarísimas» que formula el Defensor del Pueblo para neutralizar, a su vez, las cautelarísimas impuestas por la Sala Tercera del Supremo en el procedimiento principal, iniciado a instancia de dos recursos planteados por Vox e Iustitia Europa.

Por su parte, Gabilondo, en un recurso que, según han apuntado fuentes jurídicas a El Debate, no se ha presentado de acuerdo con el único formulario legal válido para hacerlo, ha recalcado que la decisión de recurrir la orden del Supremo se tomaba tras analizar las dos resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que, con fecha del pasado 12 de octubre, resolvió mantener las prevenciones sobre el censo pero dejó la puerta abierta para que «puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales», quienes demuestren antes del 29 de noviembre que son descendientes de españoles en el exilio.

Este recurso, de marcado carácter político, se ha materializado a un mes y medio de que se celebren los comicios generales, en un escenario en el que, salvo la intervención in extremis del Constitucional, la decisión vigente del Alto Tribunal impediría que los nacionalizados gracias a la norma ampliada. vía instrucción, por la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública Sofía Puente, pudiesen votar en dichas elecciones.

La llamada ley de nietos es, en realidad, una disposición incluida, a su vez, en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad, entre otros supuestos, a aquellos descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista por razones políticas o de orientación sexual y cuyos descendientes perdieron la nacionalidad por causa de dicho exilio. Un doble supuesto que la hermana del ministro Oscar Puente amplió, tres días después del aval del Parlamento y a espaldas de éste, a razones de índole económica.