El audio íntegro de la declaración de la jueza Biedma: «Claro que me he sentido amenazada, sobre todo por mis hijas»

La jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha relatado ante el juez los episodios de hostigamiento que asegura haber sufrido mientras investigaba la contratación del músico por la Diputación de Badajoz. El Debate ha tenido acceso al audio íntegro de su declaración, en la que describe una campaña de vídeos, denuncias y mensajes intimidatorios protagonizada por el exjuez Sáenz de Tejada, así como contactos con personas de su entorno para recabar información sobre ella y buscar la manera de apartarla de la causa.

«Claro que sí», respondió cuando le preguntaron si se había sentido amenazada. «Y más que por mí, sobre todo, también por mis hijas, que son menores», añadió. Biedma aseguró que no dispone de medidas especiales de protección y advirtió de la facilidad con la que alguien podría acercarse a ella: «Allí hacerme algo es muy fácil. Siempre llego a la misma hora, entro por el mismo sitio, aparco en el mismo sitio». A su juicio, «aprovecharse de eso es especialmente grave». La declaración, en la que intervino durante casi una hora, abordó tanto el desarrollo de las diligencias contra David Sánchez como las presuntas presiones a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los episodios que llevaron a la magistrada a denunciar los hechos.

Una investigación que comenzó en 2024

Biedma explicó que las diligencias previas 965/2024 comenzaron tras una denuncia de Manos Limpias, presentada los días 28 o 29 de mayo. El 30 de mayo dictó el auto de incoación. «En ningún momento fueron secretas, nunca», recalcó. La denuncia cuestionaba, entre otros extremos, si David Sánchez trabajaba realmente en la Diputación de Badajoz y si percibía un sueldo público sin desempeñar sus funciones. También planteaba una posible irregularidad fiscal relacionada con su residencia en Portugal, cuestión que finalmente quedó archivada.

La jueza decidió encomendar la investigación a la UCO para evitar posibles filtraciones en una provincia donde, según explicó, «nos conocemos todos» y muchas personas tienen familiares o amigos en la institución provincial. Además, la denuncia incorporaba un extracto de un atestado de esa unidad, lo que le hizo considerar que era la opción más adecuada. Los investigadores acudieron por primera vez a su despacho el 2 de julio de 2024. Tras analizar la documentación, acordaron estudiar los correos electrónicos de los implicados, una medida que Biedma describió como una iniciativa compartida, aunque insistió en que las decisiones partían de ella. «Siempre partió de mí la iniciativa», afirmó.

La UCO entró en la Diputación el 10 de julio y analizó durante el verano los correos intervenidos. En septiembre, la magistrada ordenó ampliar la documentación y, el 27 de noviembre, dictó un auto motivado para citar como investigados a David Sánchez y otros responsables. Las declaraciones se celebraron en enero de 2025. Posteriormente, el examen de los correos llevó a Biedma a ordenar nuevas pesquisas sobre Luis Carrero, que también acabó siendo investigado y resultó condenado. La jueza explicó que fue ella quien detectó referencias a este hombre entre los más de 3.000 correos de David Sánchez que examinó personalmente. El 28 de abril de 2025 dictó el auto de procedimiento abreviado y, a principios de noviembre, remitió la causa a la Audiencia Provincial.

La Fiscalía respaldó las intervenciones de correos

Uno de los aspectos que la magistrada quiso aclarar fue que las medidas de investigación contaron con el respaldo inicial de la Fiscalía. Según su testimonio, trasladó al Ministerio Público todas las solicitudes de intervención de correos electrónicos y recibió informes favorables. La primera impugnación de la Fiscalía llegó con el auto del 27 de noviembre de 2024, cuando citó directamente a David Sánchez como investigado. Hasta ese momento, sostuvo Biedma, no había recurrido las decisiones adoptadas durante la instrucción.

También rechazó que la UCO dirigiera el procedimiento o condicionara sus decisiones. «En absoluto», respondió cuando le preguntaron si se había sentido invadida en sus competencias. Explicó que consultaba a los agentes cuestiones técnicas sobre la recuperación de correos antiguos, pero que las líneas de investigación y las decisiones judiciales dependían de ella. La magistrada negó, además, que la causa permaneciera bajo secreto durante un periodo prolongado. Según precisó, el secreto se mantuvo únicamente desde que la UCO solicitó la medida hasta que ella dictó el correspondiente auto. Una vez acordada la intervención, el contenido se notificó a las partes.

Una filtración y las presiones a la UCO

Biedma relató que, tras la entrega de los correos en septiembre de 2024, apareció en la prensa una referencia a un correo electrónico de Begoña Gómez. Según explicó, el mensaje no estaba incorporado directamente a la causa, sino que aparecía en una captura incluida en un anexo técnico que explicaba cómo abrir los archivos. La magistrada aseguró que los agentes le comunicaron su preocupación porque sus superiores les preguntaban si habían sido ellos quienes habían filtrado la información. También le trasladaron que estaban recibiendo presiones para entregar sus informes antes a otros mandos. Su respuesta, según declaró, fue tajante: «Terminantemente prohibido entregar ningún informe de mi causa a alguien que no sea yo». Añadió que les indicó que la avisaran si volvían a tener problemas.

La jueza situó en ese contexto un cambio en la dirección del atestado. En octubre de 2024, el comandante que figuraba como instructor fue sustituido por el teniente coronel Balas. Según Biedma, este le explicó que asumía esa función para proteger a los investigadores subordinados. «Nosotros hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones que estamos recibiendo ahora a nivel investigador nunca las hemos sufrido», recordó que le dijeron los agentes.

No obstante, la magistrada reconoció que no recibió presiones directamente de responsables políticos, de la Dirección General de la Guardia Civil, del Consejo General del Poder Judicial ni de la Fiscalía. «A mí nadie jamás me dijo nada. Yo lo sé por ellos», puntualizó. Tampoco identificó a ninguna persona concreta como responsable de esas presiones.

Vídeos, denuncias y una campaña personal

El núcleo más delicado de su declaración se centró en Sáenz de Tejada, a quien conoce por un procedimiento judicial de 2013-2015 relacionado con una denuncia por violencia de género presentada por su entonces esposa. Biedma explicó que asumió temporalmente aquel asunto y que el hombre empezó a acusar a jueces y otros profesionales de formar parte de una organización criminal. Según su relato, presentó denuncias y recusaciones contra ella, que fueron rechazadas o archivadas en los procedimientos correspondientes. La magistrada sostuvo que el exjuez trasladó posteriormente esas acusaciones a un canal de YouTube denominado Magistrado Anticorrupción TV. A partir de septiembre de 2024, coincidiendo con la repercusión pública de la investigación contra David Sánchez, comenzó a publicar vídeos que la señalaban personalmente. «Este lo va a utilizar de alguna forma», recordó que pensó cuando recibió el caso.

En esos contenidos, según explicó, la acusaba de haber sido condenada por vulnerar derechos fundamentales y sugería que sus decisiones judiciales respondían al pago de favores. Biedma negó que esas afirmaciones describieran correctamente su trayectoria y aclaró que la referencia a una resolución constitucional procedía de la estimación de un recurso de amparo relacionado con la denegación de un habeas corpus, no de una condena penal contra ella.

La magistrada destacó el impacto familiar de los vídeos, que recibían su madre, sus hermanas y sus hijas, entonces menores. «Yo jamás he tenido redes sociales, ni públicas ni privadas», declaró. Al buscar su nombre en internet, explicó, los vídeos aparecían entre los primeros resultados. También denunció el efecto intimidatorio de las referencias al colegio de sus hijas. En un vídeo, Sáez de Tejada aseguraba conocer el centro al que acudían y las reuniones escolares a las que asistía la jueza. «Me llamó mucho la atención porque digo: «Pero bueno, ¿hasta qué punto este hombre me está haciendo un seguimiento?»», relató.

Biedma afirmó que algunas personas le comunicaron que alguien había acudido a lugares de su entorno para preguntar por sus horarios, haciéndose pasar por su hermano o por su secretario. «Yo sé que han estado preguntando en mi entorno familiar, en el colegio de mis niñas», aseguró, aunque reconoció que no podía identificar quién lo había hecho.

Contactos para apartarla

La magistrada situó otro episodio relevante en el verano de 2026, cuando conoció una anotación atribuida a Leire Díez en una agenda fechada el 25 de marzo de 2025. La relacionó con el apodo «La Celsa» después de recordar que un abogado le había advertido, a comienzos de 2025, de que Sáez de Tejada había contactado con Cintia Rocho, una persona del entorno de varios procedimientos judiciales instruidos por ella. Según la jueza, a través del entorno de Rocho le confirmaron que había mantenido contactos con el exjuez y que inicialmente se había hablado de presentar denuncias contra ella, para después plantear directamente «quitarme del medio». Biedma añadió que Rocho había mantenido conversaciones por correo electrónico con otras personas y que con Sáez de Tejada había hablado por teléfono.

Posteriormente, un abogado acudió a su despacho y le dijo que tenía «información sensible de las cloacas». Según el testimonio de Biedma, este le confirmó que había coincidido en una reunión con Sáez de Tejada y que había visto vídeos de la magistrada desayunando en una cafetería, así como imágenes de sus hijas en un parque. «Yo esto tengo que denunciarlo, yo esto tengo que poner en conocimiento, porque es que me parecen hechos gravísimos», explicó que decidió entonces.

La jueza vinculó temporalmente la anotación de la agenda con sus decisiones procesales: el 21 de marzo de 2025 había rechazado la recusación presentada por Sáez de Tejada, después de denegarle la personación en la causa. Consideró llamativa la proximidad entre ambos acontecimientos, aunque no aportó pruebas directas que permitieran atribuir a Leire Díez la elaboración de los vídeos o su difusión. De hecho, preguntada expresamente por la relación con Díez, Biedma afirmó que nunca había hablado con ella ni había mantenido contacto telefónico o por correo electrónico. También reconoció que no sabía si Díez había participado en los vídeos ni podía acreditar que hubiera intervenido en su elaboración.

«No quería tener un protagonismo paralelo»

La magistrada explicó que no denunció antes los vídeos porque quería evitar que las acusaciones personales interfirieran en la instrucción. «Yo tenía clarísimo que mientras que yo instruyera la causa y hasta que no se dictara sentencia en esa causa, yo no iba a denunciar a nadie», declaró. Aseguró que los escritos presentados por Sáez de Tejada fueron conocidos por la Fiscalía, pero que nadie pidió entonces investigar esos hechos por separado. También lamentó que las instituciones no le ofrecieran medidas de protección ni promovieran actuaciones específicas contra las acusaciones que recibía.

En el plano profesional, sostuvo que los episodios denunciados entorpecieron una investigación complicada y afectaron a su entorno familiar, pero negó que condicionaran sus resoluciones. Preguntada sobre si habría tomado las mismas decisiones sin esos hechos, respondió: «En el sentido de las resoluciones, ninguno».