Juristas cuestionan la legitimación del Defensor del Pueblo para recurrir la suspensión de la ley de nietos

Juristas consultados por El Debate han cuestionado si el Defensor del Pueblo puede promover un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con la suspensión acordada por el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de nietos. El debate jurídico se centra en la nacionalidad de los afectados y en el alcance de la protección que la Constitución reconoce a los extranjeros.

Los argumentos planteados por los juristas consultados sostienen que quienes se han visto afectados por la suspensión no tienen todavía reconocida de forma definitiva la nacionalidad española, precisamente porque su situación está discutida. Desde esta interpretación, no cabría considerar que la actuación del Defensor del Pueblo se dirige a proteger los derechos de ciudadanos españoles.

El segundo argumento se apoya en el artículo 13.1 de la Constitución española, que establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el título I de la Carta Magna en los términos establecidos por los tratados y la ley.

A partir de este precepto, los juristas críticos con la iniciativa sostienen que el Defensor del Pueblo no estaría habilitado para actuar en defensa de extranjeros que no residen en territorio español. Por ello, consideran que el recurso debería archivarse de inmediato. La controversia plantea, en consecuencia, dos cuestiones diferenciadas: si la falta de reconocimiento definitivo de la nacionalidad española impide fundamentar la actuación del Defensor del Pueblo en la protección de españoles; y si el artículo 13.1 de la Constitución excluye la defensa de los derechos de extranjeros que viven fuera de España.

Como informó El Debate, Gabilondo ha pedido al Tribunal Constitucional, en un recurso de amparo, que declare la nulidad de los autos del Tribunal Supremo que suspenden la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.

En el recurso, Gabilondo también solicita al Tribunal Constitucional que suspenda «de forma inmediata» dichos autos, ordenando a la Junta Electoral Central (JEC) que mantenga la inclusión de estos ciudadanos en el CERA para que puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según el recurso del Defensor, se vulneran tres derechos fundamentales: el derecho a la participación política y al voto, el derecho de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva.