Un informe de CEU CEFAS propone un juicio sobre ETA inspirado en Núremberg y estudiar la ilegalización de Bildu

El Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU CEFAS reclama que los partidos que aspiren a gobernar tras las próximas elecciones generales, del 29 de noviembre, se comprometan a impulsar una batería de medidas para reforzar la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas de ETA. Entre ellas figura la puesta en marcha de un juicio sobre el terrorismo de la banda inspirado en los procesos de Núremberg contra el nazismo, la revisión de las condiciones que permitieron la legalización del partido político EH Bildu y, en caso de no encontrar indicios suficientes para promover su ilegalización, un acuerdo para aislar institucionalmente a la formación y no recurrir a sus votos para gobernar.

El documento, titulado La derrota del terrorismo de ETA. Propuestas para un compromiso político posible, recoge 15 iniciativas que el centro quiere trasladar a los partidos llamados a gobernar. Sus autores consideran que, más de ocho años después de la disolución de la banda terrorista, sigue pendiente una reparación completa de las víctimas y denuncian que el paso del tiempo favorece el olvido de los crímenes y la normalización política de quienes formaron parte de su entorno.

De entre todas, la propuesta más llamativa sería la celebración de un juicio sobre el terrorismo de ETA que el informe compara con los procesos de Núremberg contra los responsables del nazismo. El objetivo sería que todos los responsables de la violencia terrorista respondieran por sus actos y que el cierre de esa etapa no quedara limitado a declaraciones políticas, sino que se materializara en sentencias judiciales.

El informe reclama asimismo impulsar la investigación de los asesinatos que todavía no han obtenido una respuesta penal. Según las cifras que recoge, 376 asesinatos de ETA permanecen sin reproche penal, aunque las fuerzas de seguridad habrían esclarecido aproximadamente 150 de ellos. El centro sostiene que la posible prescripción de algunos casos no debe impedir que se investiguen los hechos y que las víctimas conozcan la verdad.

En el ámbito penitenciario, el informe plantea revisar las condiciones para que los condenados por terrorismo puedan acceder al tercer grado o a la libertad condicional, algo que han logrado con relativa facilidad en estos últimos meses gracias al Departamento del Gobierno vasco dirigido por a socialista María Jesús San José. A su vez, también reclama que se estudie la recuperación por parte de la Administración General del Estado de las competencias penitenciarias transferidas al Gobierno vasco en octubre de 2021.

Ilegalización de Bildu y veto a los condenados por terrorismo

En el terreno político, el centro propone revisar la actividad de Bildu para determinar si cumple las condiciones de su legalización, acordada por el Tribunal Constitucional en 2011, así como estudiar una reforma de la Ley de Partidos Políticos. Entre los cambios que plantea figura incorporar como causa de ilegalización la inclusión en las listas electorales de personas condenadas por pertenencia o colaboración con una banda armada. Si no hubiera indicios suficientes para promover la ilegalización de la formación como sucesora de las organizaciones que precedieron a ETA, el informe reclama un compromiso de aislamiento institucional. Otra de las medidas consiste en reformar el Código Penal para que los condenados por pertenencia o colaboración con una banda armada queden inhabilitados permanentemente para ocupar cargos públicos.

El documento añade la necesidad de investigar el patrimonio de los condenados por terrorismo para hacer frente a las indemnizaciones pendientes. Según las cifras recogidas en el informe, la Administración General del Estado ha abonado 886 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cantidad que, a juicio de sus autores, podría haberse reducido mediante una investigación patrimonial continuada.

Un pacto educativo sobre ETA y el voto de los vascos que huyeron del terrorismo

Las propuestas se extienden al ámbito educativo y a la representación política, donde se reclama un pacto para garantizar que las nuevas generaciones conozcan la historia del terrorismo de ETA, con la incorporación obligatoria de estos contenidos al currículo y la participación de las asociaciones de víctimas para que los alumnos puedan escuchar directamente sus testimonios. También propone reforzar la Alta Inspección Educativa para vigilar el cumplimiento de esos contenidos y actuar ante posibles comportamientos de apología o justificación del terrorismo en las aulas.

En materia electoral, el informe plantea recuperar los trabajos para reformar la legislación de manera que los vascos que tuvieron que abandonar su lugar de residencia por el terrorismo puedan volver a votar en el País Vasco si así lo desean. Por último, reclama revisar la composición y los nombramientos de los organismos relacionados con las víctimas, entre ellos el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, para que sus cargos sean consultados y consensuados, en la medida de lo posible, con las asociaciones representativas.