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La Policía desmantela los asentamientos «más numerosos» en Ceuta

La Policía desmantela los asentamientos «más numerosos» en CeutaAFP


​Audiencia Nacional

La juez Tardón cita a tres consejeros ceutíes y varios policías nacionales como testigos por la invasión de Marruecos

La magistrada, instructora de la causa sobre el asalto a la ciudad autónoma, ha ordenado la práctica de siete nuevas diligencias de investigación sobre el asalto masivo de la ciudad autónoma

La jueza María Tardón, instructora de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la invasión de Ceuta, ha dictado una nueva resolución con un total de hasta siete nuevas diligencias de prueba para aclarar las posibles responsabilidades penales de lo ocurrido en la ciudad autónoma, el pasado mes de julio. Así las cosas, en el auto al que ha tenido acceso El Debate, en primicia, se requiere tanto a la Administración ceutí como a la Delegación del Gobierno en la misma para que remitan actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio de este mismo año, en los días previos al asalto masivo desde Marruecos.

Además, en su resolución, la magistrada insta a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, Jefatura Superior de Policía de Ceuta, Delegación del Gobierno en la Ciudad de Ceuta, Ciudad Autónoma de Ceuta, Autoridad Portuaria de Ceuta y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa para que por el Ejército de Tierra, Mar y del Aire y del Espacio y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas se le remitan «todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio de 2026 hasta el de la recepción del requerimiento judicial acordando la presente medida». En el mismo sentido, Tardón quiere que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa le facilite nuevos informes, grabaciones e imágenes disponibles sobre lo ocurrido.

Por una parte, del Ejército de Tierra, todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta en el intervalo de tiempo comprendido entre los días 15 de julio y 7 de agosto de 2026. El informe original del REW 32 que aparece entre los referidos documentos desclasificados.

Por otra, desde el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS): los informes de inteligencia que se hayan generado en el seno del grupo de seguimiento de Marruecos y ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta, ya solicitadas del CIFAS en un requerimiento anterior. También, la interceptación sobre la frontera en Ceuta del programa Santiago, en el mismo intervalo temporal.

A Fernando Grande-Marlaska, a través del Ministerio del Interior, a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, la Ciudad Autónoma de Ceuta y al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa, que coordina el servicio de Salvamento en la zona afectada por la violación territorial, para que proporcionen «toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio del periodo investigado (30 de julio de 2026) hasta la recepción del oficio judicial acordando la presente medida».

Como complemento de lo anterior, la titular del Juzgado de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional ha dado orden de que, desde Ceuta, se le entreguen todos los informes de que puedan disponer relativos a «la afectación de los servicios públicos esenciales de la Ciudad, producida en los ámbitos de seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad, economía e infraestructuras públicas». Así como el informe relativo a «los daños económicos al que el Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta hizo mención en su declaración testifical de 30 de septiembre y, caso de haberse actualizado, que se remita el que haya resultado de su actualización».

La magistrada se ha dirigido a la Cámara de Comercio de Ceuta y a la Confederación de Empresarios de Ceuta para que entreguen una copia del informe relativo a los daños económicos sufridos a raíz de «la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos que tuvo lugar entre los días 30 y 31 de julio de 2026».

Una importante batería de testigos

Tardón cita como testigos a Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña, consejeros del gobierno de la Ciudad de Ceuta señalándose para que sus declaraciones se lleven a efecto, respectivamente, durante los días 27 de octubre, a las 10:00 horas, a las 11:00 horas y las 12:00 horas.

Pero, además, escuchará a varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, un inspector y dos subinspectores, un día más tarde, el 28, entre las 10.00 y las 12.00 horas.

Y, por último, la magistrada oficia a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que procedan a la identificación de la persona conocida como «Ahmed», residente en Benzú, y posible interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, así como de los guardias civiles y/o policías que hubiesen podido contactar y tenido interlocución con el mismo, y, una vez identificados, ya adelanta que tendrá que señalarse su comparecencia como testigos.

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