Marlaska, el ministro que acabará la legislatura acorralado por la invasión de Ceuta y las imputaciones de su círculo cercano

Fernando Grande-Marlaska es una de las pocas personas que ha sido ministro durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, que el líder socialista espera convertir en más en las elecciones generales del próximo mes. Pero poco queda de aquel Marlaska de 2018, magistrado en la Audiencia Nacional y miembro del Consejo General del Poder Judicial, y ahora, tras ocho años de legislatura, las imputaciones de su círculo cercano, la muerte de guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico o la invasión de Ceuta de este mismo verano le colocan en una posición de mucha debilidad incluso dentro del propio Gobierno, donde mantiene un enfrentamiento con la titular de Defensa, Margarita Robles.

Sea como fuere, empezando por el final, la gestión de Marlaska de la invasión de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos en Ceuta el pasado 30 de julio terminó de mostrar a España la poca capacidad de respuesta del ministro de Interior. También, su poca claridad sobre lo sucedido. El ministro negó inicialmente que hubiera informes que permitieran anticipar lo sucedido, pero el documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, incorporado a la investigación judicial, describió una entrada planificada y apuntó a la participación de agentes marroquíes en su desarrollo.

Ahora, también se ha conocido que la invasión terrestre coincidió con la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta durante aquellos días. Ante esto, la Armada española desplegó varios buques para responder a las incursiones.

Pese a la gravedad de la situación, la gestión de Ceuta no es el primer episodio en el que Marlaska ha tenido que dar explicaciones por la actuación de sus mandos o por las decisiones adoptadas en el Ministerio. Apenas dos meses después de llegar al cargo, en agosto de 2018, destituyó al coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, alegando una pérdida de confianza después de que el mando comunicara que suspendía las actividades que requirieran fondos reservados por falta de disponibilidad de dinero.

Con todo, el choque más conocido llegaría dos años después, con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La destitución se produjo en mayo de 2020, en plena investigación judicial sobre la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo y su posible relación con la expansión de la pandemia. El Gobierno sostuvo inicialmente que se trataba de una decisión organizativa, pero el asunto terminó en los tribunales y el Tribunal Supremo anuló definitivamente el cese en marzo de 2023.

La presión sobre el ministro también creció con la tragedia de la valla de Melilla del 24 de junio de 2022, cuando decenas de personas murieron durante el intento de entrada masiva desde Marruecos. El Defensor del Pueblo concluyó que se había rechazado en frontera a 470 personas sin contemplar las previsiones legales nacionales e internacionales. Tras esto, el Congreso reprobó al ministro en 2023 por su gestión de la tragedia, y el Senado volvió a hacerlo en febrero de 2024, esta vez después de la muerte de dos guardias civiles en Barbate, cuando los agentes fueron arrollados por una narcolancha en un dispositivo contra el narcotráfico en el puerto gaditano. Tras esto, asociaciones profesionales y representantes de la oposición denunciaron que los agentes se enfrentaban a embarcaciones de gran potencia con recursos insuficientes, pero el Ministerio sigue sin dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de medios ante una lucha desigual.

Más allá de las tragedias o los sucesos, también están las imputaciones del círculo cercano del ministro. Este mismo año, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, en el marco del denominado caso Leire Díez después de apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en una investigación sobre posibles presiones a miembros de la UCO vinculadas a expedientes disciplinarios. Ambos han comparecido ante el juez y han negado las acusaciones.

A su vez, este año la Policía Nacional también ha sufrido una crisis en su cúpula con la dimisión de José Ángel González, que ocupaba el puesto de director adjunto operativo, después de que un juzgado admitiera a trámite una querella presentada por una agente por una presunta agresión sexual. La denuncia relata además una supuesta campaña posterior de acoso y manipulación para lograr el silencio de la mujer.

Las encuestas no pronostican que el Gobierno vaya a reanudar su mandato, por lo que, si este es el final de Marlaska en Interior, deja una gran serie de problemas a su paso. Aunque quizás nada lo defina mejor que aquella frase que pronunció él mismo en plena crisis de Ceuta, cuando calificó como «sensación de inseguridad subjetiva» el miedo y el malestar de los vecinos.