Entrevista | Raquel Hornero, presidenta en funciones del Consejo de Residentes Españoles de Nueva York  Denuncian que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior actúa como un apéndice del Gobierno ante el TC

El CGCEE no se limitó a rechazar las cautelares sobre las altas en el CERA vinculadas a la ley de nietos. El 13 de octubre pidió al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de amparo contra los autos del Supremo de 10 de septiembre y el de 12 de octubre que los confirmó. También reclamó medidas cautelarísimas para suspenderlos en las elecciones del 29N y restablecer el voto de las 163.020 personas afectadas, sin limitarlo a quienes acreditaran individualmente el exilio.

El escrito reconoce que el Consejo es un órgano «consultivo y asesor» adscrito al Ministerio de Inclusión, pero se proclama «máximo cauce de participación institucional» y «órgano de representación de la ciudadanía española en el exterior». Hornero considera que desborda sus competencias y actúa alineado con la estrategia del Gobierno.

Vive en Nueva York desde 2003, es profesora de Secundaria en un instituto público de la ciudad. Lleva ocho años en el CRE de NY: cuatro como consejera y cuatro como presidenta. La demarcación consular comprende además de NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut y Delaware y reúne alrededor de 43.000 españoles inscritos en el Registro de Matrícula Consular. Hornero no se atribuye la representación del CRE ni de todos los españoles del exterior, pero se pronuncia desde la experiencia de quien conoce estos órganos desde dentro.

– ¿Cuál es su denuncia central?

– Que se utiliza un órgano de la Administración para impulsar una posición coincidente con la estrategia jurídica del Gobierno. El Consejo puede informar, asesorar y formular propuestas. Otra cosa es pedir al Defensor que recurra al Constitucional para dejar sin efecto unos autos del Supremo antes de las elecciones y presentar esa posición como la de todos los españoles que vivimos fuera. No me representa y sé que a muchas personas tampoco.

– El reglamento permite a la Comisión Permanente abordar asuntos urgentes entre plenos. ¿Discute el procedimiento o la competencia?

– Sobre todo, la competencia. El calendario era urgente y ésa será su defensa. Pero la urgencia puede abreviar un procedimiento; no puede crear una facultad que la ley no atribuye. La Comisión sólo puede actuar para que el Consejo cumpla sus funciones legales. No puede convertirse por la urgencia en un órgano plenipotenciario ni utilizar al Defensor para combatir una resolución judicial.

– ¿Qué atribuciones cree que se han sobrepasado?

La Ley 40/2006 encomienda al Consejo estudios, propuestas, recomendaciones, recepción de información e informes sobre determinados proyectos normativos. No veo una habilitación expresa para promover indirectamente un recurso de amparo ni para solicitar medidas cautelarísimas contra el Supremo. Que el voto exterior sea una materia de interés no significa que pueda ejercer cualquier poder relacionado con ella.

– También invoca el artículo 10.3 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

– Sí. Ese precepto impide a una autoridad administrativa presentar quejas ante el Defensor en asuntos de su competencia. El Consejo es una autoridad administrativa y por tanto está excluida entre quienes pueden presentar quejas. Podrán decir que no formularon una queja, sino una solicitud, pero cambiar el nombre no elimina la contradicción. El Defensor debería examinar esa competencia y legitimación.

– ¿Por qué niega que el CGCEE pueda hablar por toda la ciudadanía exterior?

– Porque ser un cauce institucional de participación no equivale a representar políticamente a millones de ciudadanos. La presidenta representa al Consejo, no personalmente a todos los españoles del exterior. Además, sólo 43 de sus 88 miembros son elegidos a través de los CRE. También participan la Administración, comunidades autónomas, asociaciones, sindicatos y organizaciones empresariales. Muchos no hemos sido consultados ni compartimos esta iniciativa.

– La petición pretende levantar las cautelares para las 163.020 personas afectadas. ¿Por qué le preocupa?

– Porque lo pide sin limitarlo a quienes acrediten individualmente el exilio. No estoy en contra de que vote quien tenga derecho. Estoy en contra de que se impida la revisión ordenada por el Supremo antes de que concluya. Las cautelares existen para comprobar qué altas cumplen los requisitos. Respetar el sufragio y verificar el censo son obligaciones compatibles.

– ¿Por qué ha presentado usted otro escrito al Defensor y anima a los residentes a hacer lo mismo?

– Porque la actuación del CGCEE se presenta como si reflejara una posición unánime, y no es cierto. He escrito como Raquel Hornero, ciudadana y electora del CERA, no en nombre del CRE de Nueva York. Pido que se proteja también nuestro derecho a un censo limpio, legal, verificable y sometido a control. Ofrezco mi texto para que cada residente que no se sienta representado lo adapte y remita en su nombre.

– La iniciativa se presenta como respaldada por 27 CRE. ¿Y qué reclama sobre el acuerdo de la Comisión Permanente?

– Ese respaldo no significa que todos los españoles de esas demarcaciones piensen igual. Los apoyos se buscaron con rapidez en chats internos donde pocas personas llevan la iniciativa. Además, el escrito invoca un acuerdo del 13 de octubre que pedí a través de un consejero estadounidense de la Comisión Permanente y no me facilitaron. La urgencia no elimina la transparencia: deben conocerse la convocatoria, el quórum, la votación, el texto y la norma en que apoyaron su competencia.

– Usted contrasta esta rapidez con la pérdida del voto municipal.

– Desde 2011 los electores del CERA no podemos votar en las municipales. Puedo tener un interés legítimo en participar, pero no recuerdo un comunicado de «firme rechazo» ni una ofensiva semejante para recuperar ese derecho. Contra las cautelares del Supremo actuaron con una rapidez extraordinaria. Eso permite preguntarse qué prioridades defienden y en nombre de quién.

– Usted es secretaria general del PP en Estados Unidos. ¿Cómo utilizaron ese dato contra usted?

– Cuando pregunté con qué consentimiento hablaban en nombre de todos, difundieron en un chat mi cargo en el PP y dijeron que repetía consignas. Mi labor en el CRE es voluntaria y no actúo allí en nombre del partido. No oculto mi afiliación, pero la digo yo, no quien quiere desacreditarme. El trato tuvo un tono de desprecio y superioridad que sentí como machista. Me marché porque aquello no era un espacio de debate.

– ¿Denuncia también una doble vara ideológica?

– Sí. No reprocho a nadie sus ideas. Violeta Alonso ha participado en actos de IU Exterior, aunque eso no acredita afiliación, y Rita Bosaho, exdiputada de Podemos, fue designada consejera por el Ministerio de Igualdad. Nada de eso las incapacita. Precisamente por eso tampoco mi afiliación puede utilizarse para callarme. Lo inaceptable es exhibir únicamente la identidad política de quien discrepa.

– ¿Cuál es su mensaje final?

– Que dejen de presentarnos como si todos pensáramos igual y de instrumentalizarnos. Muchos queremos que se cumplan las cautelares, se esclarezcan las dudas y el voto sólo produzca efectos cuando el censo haya sido verificado. La urgencia no convierte a un órgano consultivo en portavoz de toda la ciudadanía exterior ni le concede poderes que la ley no le atribuye. Hay que publicar los acuerdos y defender un censo limpio. Ese derecho también es de quienes vivimos fuera.