La Junta Electoral Central «amansa» a los miembros del Gobierno

La Junta Electoral Central ha conseguido amansar al Gobierno después de que Pedro Sánchez haya protagonizado un récord en estas elecciones: el de la apertura de expediente más rápido. El árbitro electoral se lo abrió al presidente apenas 24 horas después de que anunciara el adelanto de las generales, por traspasar los límites en la rueda de prensa que dio el martes 6 en la Moncloa para desgranar los dos reales decretos leyes de vivienda, aprobados ese día por segunda vez.

El PP lo denunció y la JEC atendió su petición. Porque Sánchez es reincidente: suma cinco sanciones en firme y multas por valor de más de 6.600 euros por vulnerar la neutralidad institucional en las elecciones generales de 2019, en las de Castilla y León de 2022, en las generales de julio de 2023, en las de Galicia de febrero de 2024, en las de Cataluña de mayo de 2024 y en las de Extremadura de diciembre de 2025.

Desde entonces, los miembros del Gobierno se están cuidando de no sacar los pies del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con sus declaraciones. Este estipula: «Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

En realidad, les basta con morderse la lengua. Porque, en la práctica, el Gobierno puede seguir y sigue tomando decisiones que comprometen el presupuesto público, dado que no estará en funciones hasta celebradas las elecciones. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley con mejoras de algunas pensiones y prestaciones y un real decreto con 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas y otros 45 millones para impulsar siete proyectos de residencias universitarias. Y ya prepara la subida del salario mínimo interprofesional para antes del 29 de noviembre (la de las pensiones será posterior a los comicios).

Fuentes gubernamentales señalan a El Debate que el Consejo de Ministros no está haciendo ni hará nada que no venga avalado por sendos informes favorables de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado siempre que el asunto lo requiera. De la misma manera que también consultaron si podían utilizar la Diputación Permanente del Congreso para convalidar los dos reales decretos leyes de vivienda que tumbó el Pleno de la Cámara Baja a principios de octubre (el de la prórroga indefinida de los contratos de alquiler volverá a caer).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, las ministras Elma Saiz e Isabel Rodríguez se contuvieron para no responder sobre el previsible pacto entre el PP y Vox en el Senado, la visita de Javier Milei y la letra pequeña del real decreto ley con medidas sociales aprobado por el Ejecutivo ayer. «Por el respeto máximo a la Junta Electoral…», fue la coletilla que usó la portavoz del Gobierno en varias ocasiones.

La ministra de Vivienda con más motivo aún. Ella era la portavoz del Ejecutivo en la campaña de las municipales y autonómicas de mayo de 2023 y en la de las generales de dos meses después. La Junta Electoral Central la sancionó con dos multas que sumaron más de 4.700 euros por saltarse la neutralidad institucional dos martes de mayo consecutivos. Rodríguez recurrió, pero el Tribunal Supremo confirmó las multas.

Este martes, a Rodríguez le habría gustado explayarse al ser preguntada si, igual que María Jesús Montero, ella también cree que la huelga general del 11 de noviembre es contra la oposición. En lugar de eso, se limitó a manifestar su «absoluto respeto» por la convocatoria y a pedir a las administraciones responsables «no criticar las movilizaciones, sino tomar nota».

Después se fue a un almuerzo en el Club Siglo XXI y ahí ya habló con más soltura y criticó a Alberto Núñez Feijóo por abrir las puertas del PP y de las instituciones a Vox. Y desde la Moncloa añadieron, ya sin cámaras delante: «No hay ninguna diferencia ya entre el PP y Vox. El PP ya es ultraderecha».