El TC entra en el escrutinio de la Sala Tercera del Supremo por la ley de nietos tras confrontar con la Segunda por la amnistía

Alas puertas de unas elecciones generales, el próximo 29-N, con el mandato prorrogado de cuatro magistrados desde hace diez meses, entre ellos el del presidente Cándido Conde-Pumpido y tras el reproche de la Sala Segunda del Supremo al tono «innecesario» empleado en la sentencia con la que siete magistrados dieron luz verde a la amnistía de la malversación, el Constitucional vive días de máxima tensión institucional (TC). Apenas unas horas después de que el Alto Tribunal aplicara el borrado penal total a los separatistas catalanes aún condenados del procés —el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva—, el Pleno del órgano de garantías se enfrenta a otro frente abierto, esta vez, con la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, al hilo de la conocida como ley de nietos.

Así las cosas, el auto dictado por la terna de magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena (ponente) y Antonio del Moral sobre la amnistía de los independentistas inhabilitados por el 1-O ha dejado constancia explícita del reproche jurisdiccional del TS a los siete miembros izquierdistas del Pleno del TC por haber empleado una «innecesaria grandilocuencia», contra al menos 14 magistrados discrepantes, para justificar lo que consideran una invasión del «perímetro» reservado al Alto Tribunal, como intérprete máximo de la legalidad ordinaria en nuestro país.

No en vano, cabe recordar cómo la sentencia del TC —aprobada por la mayoría del cónclave, con Cándido Conde-Pumpido como ponente— incluyó «consideraciones manifiestamente prescindibles», «sobrantes epítetos» y expresiones como «drástica contradicción», «interpretación impredecible» o «ausencia de nexo de coherencia» que, a juicio de la Sala Segunda del Supremo, solo sirven para «adornar un razonamiento invasivo» y «camuflar la intensidad de la injerencia» de la Corte de Garantías en funciones que no le corresponden. Los tres magistrados del Supremo que suscribieron la resolución que rehabilita en la primera línea política a los cabecillas del referéndum inconstitucional de Cataluña , afearon a sus homólogos del Constitucional que con sus decisiones hayan venido ensanchando, «hasta límites inéditos en su propia historia», el espacio de las garantías constitucionales, convirtiendo al órgano de garantías, en la práctica, en una especie de cuarta instancia revisora. Una constante que, si nada lo evita, podría replicarse esta misma mañana, a partir de las 10.00 en la madrileña calle de Domenico Scarlatti, donde se reúnen los doce miembros del TC para debatir sobre la admisibilidad, o no, del amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la parálisis cautelarísima del censo (CERA) de la ley de nietos.

Sin duda, los excesos de la mayoría afín al Gobierno de Pedro Sánchez en la Corte de Garantías, que hicieron posible el borrado penal del procés planearán sobre la deliberación de hoy, tras la avocación del recurso de Gabilondo contra los autos de 10 de septiembre y 12 de octubre de la Sala de lo Contencioso del Supremo, tras las medidas cautelarísimas de los efectos electorales de las inscripciones registrales de los nietos de españoles que recuperaron la nacionalidad española, al abrigo de la instrucción de Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente, para aplicar la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que abrió la caja de los truenos.

La medida temporal acordada por el Supremo afecta a unas 163.020 personas que, de mantenerse la suspensión, no podrían votar el 29-N, salvo que antes de dicha fecha acrediten documentalmente, ante el Alto Tribunal, el exilio político o ideológico, que no económico, de sus ascendientes.

Temor a un nuevo choque institucional

Los siete magistrados del bloque izquierdista que dieron luz verde a la amnistía son de nuevo la incógnita, en este Pleno, sobre la revisión de las resoluciones de la Sala Tercera, en un asunto que todavía está judicializado y en el que, además, ni siquiera se han resuelto todos los recursos -de reposición- para agotar la vía previa. Se asoma así, la mayoría aritmética del TC a respaldar lo que muchos consideran un «fraude procesal» del Defensor del Pueblo, pese a que en los últimos días el presidente del Pleno, Conde-Pumpido, ha venido deslizando su malestar con el escenario y su voluntad de desestimar la impugnación de Gabilondo.

Sin embargo, en la Sección Cuarta de la Sala Segunda del TC que decidió elevar la cuestión al Pleno por su entidad y trascendencia, de los tres magistrados que la componen, al menos uno de ellos, Ramón Sáez, mostró de entrada su disposición a admitir la petición del Defensor. Y ello, aunque el ponente, el magistrado Enrique Arnaldo, propone la inadmisión del asunto por prematuro, al no haberse agotado los trámites del Supremo que, por cierto, ya ha abierto el plazo para alegaciones de los afectados, de manera directa, que en caso de existir no necesitan la intervención de Gabilondo, como dejó claro un precedente análogo de 1984, que reveló este diario. Sobre la mesa la incógnita de María Luisa Balaguer que, si bien inicialmente dejó entrever su disposición al rechazo del recurso, posteriormente se desdijo parcialmente de sus propias afirmaciones en un asunto de calado que combina el derecho fundamental de sufragio activo, con la obligación de garantizar un proceso electoral, inminente, totalmente transparente y fiable.

Apenas unas horas después de que la Sala Segunda del Supremo lamentase los excesos competenciales y el tono del TC en el ámbito penal del procés, ha llegado el turno de la Sala Tercera que se encuentra, ahora, bajo el escrutinio del Pleno de mayoría izquierdista por una decisión cautelar que, según el Defensor del Pueblo, vulnera el derecho de participación política de miles de nuevos ciudadanos españoles.

La resolución que se adopte en el Constitucional, a lo largo de esta misma mañana, confirmará si el órgano de garantías se atreve a rectificar, de nuevo, una decisión del Supremo que en este caso no es firme; o si, como será preceptivo, de acuerdo con sus propios antecedentes, se reserva el control para un momento posterior. La fina línea que separa la función de tutela constitucional y la invasión de competencias de la legalidad ordinaria que solo corresponde al Supremo, como última y única instancia casacional, vuelve a estar en el centro de todas las miradas, con las elecciones del próximo 29 de noviembre como telón de fondo.