Europa (y España) no pueden renunciar a lo que han conquistado

Europa ha disfrutado durante más de ochenta años de un periodo de paz, libertad y prosperidad que no surgió por generación espontánea. Detrás de ese patrimonio hay siglos de historia, enormes sacrificios y dos guerras mundiales que dejaron una lección difícil de olvidar: la convivencia, la libertad y la dignidad humana nunca están garantizadas para siempre.

De aquella experiencia nació un compromiso con unos principios que hoy consideramos irrenunciables: la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, los derechos de la mujer, la libertad religiosa y la democracia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue uno de los grandes hitos de ese esfuerzo colectivo.

Ese es el tesoro que hemos recibido. Y, sin embargo, corremos el riesgo de darlo por supuesto, como si todo cuanto hemos construido pudiera mantenerse por sí solo, sin esfuerzo ni voluntad de defenderlo.

La renuncia a defender desde el principio unas normas propias puede terminar dejando el terreno libre para que otros establezcan las suyas.

El proceso suele comenzar con pequeñas concesiones. «No merece la pena discutir por esto», «Son pocos», «No nos afecta», «Ya se acostumbrarán»…, cada episodio parece insignificante y, para evitar el conflicto, preferimos mirar hacia otro lado. Pero lo que hoy toleramos como una excepción puede convertirse mañana en una costumbre y, con el tiempo, en una exigencia.

La llamada ventana de Overton explica cómo pueden cambiar los límites de lo que una sociedad considera aceptable. No significa que todo cambio sea negativo ni que exista siempre una estrategia organizada detrás, pero nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de defender nuestros principios por comodidad, por temor al conflicto o por la falsa creencia de que nada importante está en juego y que los problemas se arreglarán «solos».

Francia ofrece una advertencia que España no debería ignorar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía francesa necesitó mano de obra y recibió una importante inmigración procedente de Argelia. Muchos de aquellos trabajadores contribuyeron al desarrollo del país, formaron sus familias y buscaron para sus hijos una vida mejor. Sin embargo, la historia posterior no fue igual para todos. Hubo integración, pero también discriminación, dificultades económicas y segregación residencial. En determinados barrios, parte de las generaciones posteriores ha crecido sintiéndose alejada de la sociedad francesa, mientras mantiene vínculos culturales, familiares y religiosos con el país de origen de sus antepasados.

No sería justo atribuir esa situación a todos los descendientes de inmigrantes, muchos de los cuales son ciudadanos franceses plenamente integrados, ni convertir el origen o la religión de una persona en motivo de sospecha. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante los problemas reales

Conozco esa realidad de cerca. Entre 1993 y 1996 estuve destinado en Estrasburgo, en el Cuerpo de Ejército Europeo. Vivía en Neudorf y, al otro lado de las vías del ferrocarril, estaba Neuhof. Recuerdo los vehículos incendiados durante los fines de semana, los altercados y una sensación de inseguridad que marcaba la vida de quienes residían allí. Mi experiencia me hizo comprender que la nacionalidad administrativa, por sí sola, no garantiza la integración ni el sentimiento de pertenencia. Y que cuando la segregación, la falta de perspectivas y el distanciamiento cultural se prolongan durante años, el problema no desaparece, se transmite a las generaciones siguientes.

No sería justo atribuir esa situación a todos los descendientes de inmigrantes, muchos de los cuales son ciudadanos franceses plenamente integrados, ni convertir el origen o la religión de una persona en motivo de sospecha. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante los problemas reales. La exclusión social, el fracaso de las políticas de integración y la aparición de corrientes extremistas violentas que rechazan las normas democráticas pueden alimentar tensiones graves. Cuando, además, aparecen la intimidación, la violencia y el desprecio por la ley, el Estado tiene la obligación de actuar.

Los recientes disturbios en Francia, con miles de detenciones, cientos de agentes heridos, edificios públicos atacados y miles de robos en locales comerciales, han vuelto a poner de manifiesto la fragilidad de la convivencia cuando se desbordan los cauces legales.

El incendio del Ayuntamiento de Limoges constituye un ejemplo especialmente grave de destrucción del patrimonio común. Las informaciones sobre estos episodios también apuntan a la participación de grupos radicales y delincuentes; no sería correcto atribuirlos sin pruebas a una sola comunidad o a un único fenómeno, pero la conclusión que debemos extraer es clara: ninguna reivindicación justifica la violencia, y ningún Gobierno puede renunciar a garantizar el orden público y la seguridad de sus ciudadanos.

España debe aprender de lo que está ocurriendo en otros países europeos y actuar antes de que los problemas se agraven. Necesitamos una política migratoria firme, ordenada y adaptada a la realidad. Las leyes deben servir para proteger a la Nación y a sus ciudadanos, y han de poder modificarse cuando los acontecimientos demuestren que resultan insuficientes para responder a situaciones nuevas o excepcionales.

Lo ocurrido en Ceuta, tanto en mayo de 2021, cuando entraron irregularmente 10.000 personas, como en el asalto a nuestra frontera con Marruecos y la posterior invasión de territorio español por más de 80.000 personas el pasado 30 de Julio, demuestra la dimensión que pueden alcanzar determinadas crisis fronterizas.

Ante una situación extraordinaria que comprometa la seguridad nacional, desborde la capacidad de acogida o ponga en riesgo la prestación de los servicios públicos, el Estado debe disponer de instrumentos legales extraordinarios, eficaces y de aplicación inmediata.

No basta con reconocer la gravedad de una crisis, hay que tener la capacidad de responder a ella. Por eso, defiendo que se establezca un marco jurídico específico que permita organizar el retorno de quienes entren irregularmente en España de forma masiva y descontrolada, con procedimientos ágiles y capacidad material suficiente para ejecutarlos. Una Nación no puede verse condenada a la impotencia por unas normas que no contemplaron la magnitud de la amenaza a la que ahora se enfrenta.

España necesita inmigración, pero necesita la que responda a sus necesidades, llegue por vías legales y contribuya al esfuerzo nacional; personas que vengan a trabajar, a respetar nuestras leyes y a participar en una sociedad que ha construido su prosperidad con el sacrificio de generaciones de españoles. No necesitamos una inmigración descontrolada ni podemos aceptar que la entrada irregular se convierta en una vía alternativa para acceder a la residencia. Quienes cometan delitos deben afrontar las consecuencias previstas en la ley y, cuando concurran los requisitos legales, proceder a su expulsión; quienes entren irregularmente deben quedar sujetos a una política efectiva de retorno y lo mismo para aquellos que vengan solamente para aprovecharse de nuestras ventajas sin aportar nada al esfuerzo común, sin que la falta de medios, la acumulación de expedientes o la lentitud administrativa conviertan una obligación de control fronterizo en una promesa incumplida.

Lo anterior exige revisar y reformar la legislación de extranjería, los mecanismos de regularización por arraigo y las concesiones extraordinarias de residencia, para que no se generen incentivos a entrar ilegalmente con la expectativa de obtener después una regularización. La prioridad de cualquier Gobierno debe ser garantizar la seguridad, la cohesión social y el bienestar de sus ciudadanos, en nuestro caso, de los españoles.

La solidaridad no puede confundirse con la ausencia de control, y la defensa de nuestras fronteras no debe ejercerse con complejos, sino con determinación, responsabilidad y las herramientas jurídicas, policiales e incluso de Defensa que una situación excepcional requiere.

No se trata de enfrentar culturas ni de levantar muros entre personas. Se trata de defender la igualdad ante la ley y de impedir que nadie pretenda imponer por la fuerza sus normas al conjunto de la sociedad. La convivencia exige respeto mutuo, pero también límites claros.

No soy pesimista. Creo que estamos a tiempo de proteger lo que hemos recibido. Pero hace falta algo más que leyes: necesitamos un rearme moral, recuperar el sentido del deber, la confianza en nuestras instituciones y la convicción de que la libertad exige responsabilidad.

No esperemos a que lo excepcional se convierta en habitual, ni a que lo que hoy parece impensable termine pareciéndonos inevitable.

Europa, y por lo tanto España han tardado generaciones en construir su patrimonio de libertad y convivencia a base de esfuerzo, trabajo y sangre; nuestra obligación es transmitirlo a quienes vienen detrás, no contemplar pasivamente cómo se deteriora.

Si no lo defendemos a tiempo podemos terminar perdiéndolo y hay conquistas históricas que, una vez perdidas, resultan extraordinariamente difíciles de recuperar.