Ángel Gabilondo se inmoló por Sánchez ante el Constitucional porque le queda un mes de mandato

El Defensor del Pueblo se hizo el haraquiri por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional a sabiendas de que está en el tiempo de descuento. El cese de Ángel Gabilondo es inminente porque el 16 de noviembre vencerá el mandato de cinco años para el que fue elegido y, automáticamente, será sustituido por la ahora adjunta primera de la institución: la popular Teresa Jiménez-Becerril. Es decir, dos semanas antes de las elecciones.

Gabilondo era plenamente consciente de que sus días estaban contados cuando decidió complacer a Pedro Sánchez y presentar un recurso de amparo ante el tribunal de garantías que estaba abocado al fracaso, por «extemporáneo». Puesto que él mejor que nadie sabía que no podía recurrir la suspensión cautelar del derecho a voto de 163.000 nacionalizados con la ley de nietos porque la causa sigue abierta en el Tribunal Supremo (sub iudice); como él mismo reconoció a El Debate el día en que el Supremo decidió mantener las cautelares pese a la convocatoria de elecciones generales.

El Gobierno consultó a la Abogacía del Estado qué opciones tenía para intentar, in extremis, que Cándido Conde-Pumpido frenase al Supremo y repusiese el derecho a voto de los afectados antes del 29 de noviembre. Como por la Fiscalía no podía ser, recurrió a Gabilondo. Curiosamente, el Defensor del Pueblo presentó el recurso de amparo el 16 de octubre, justo un mes antes de su cese obligado.

La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo estipula que el elegido lo es para un mandato de cinco años. Cuando expira ese plazo, de manera automática el adjunto primero asume «interinamente» el cargo hasta que el Congreso y el Senado elijan a uno nuevo por mayoría de tres quintos en ambas cámaras, lo que hasta la fecha ha conllevado el necesario acuerdo entre el PP y el PSOE: el que gobernaba en ese momento elegía al Defensor del Pueblo y el que estaba en la oposición, a su adjunto primero.

Sobre el papel, Gabilondo podría optar a un segundo mandato, pero en su caso sus opciones son prácticamente nulas. Máxime con elecciones de por medio. Si gobierna la derecha, que encabeza todas las encuestas, Alberto Núñez Feijóo querrá promocionar a su propio candidato. Si sigue gobernando la izquierda, el PSOE no va a contar con el apoyo del PP para que Gabilondo continúe cinco años más. En cualquier caso, el proceso puede durar meses, o incluso años, mientras que no se den los tres quintos de ambas cámaras.

Ante un hipotético Gobierno del PP y Vox, los primeros cambios que podrá hacer Feijóo son los que no necesitan el visto bueno de las Cortes, sino únicamente un real decreto del Consejo de Ministros: el presidente del CIS y el fiscal general del Estado. En el caso del presidente y el resto del Consejo de Administración de RTVE, la vía es la del real decreto ley, que requiere la posterior convalidación por parte del Congreso.

También toca renovar ya los cuatro magistrados del Constitucional que elige el Senado por mayoría de tres quintos, y de ahí que el PSOE y Frente Amplio hayan pactado una coalición electoral para impedir que la derecha alcance por sí misma esa mayoría reforzada y pueda revertir la actual correlación de fuerzas del TC, que es de siete a cuatro a favor de la izquierda. En otras instituciones del Estado y organismos reguladores no podrá haber nombramientos rápidos porque sus mandatos están en vigor, como ha venido contando El Debate.

La designación de Gabilondo como Defensor del Pueblo fue fruto de un acuerdo mayor alcanzado entre el PSOE y el PP de Pablo Casado en octubre de 2021. Incluyó la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas y la directora y la adjunta de la Agencia de Protección de Datos.

El día que tomó posesión, Gabilondo prometió trabajar «con dignidad y ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia». Y que «la defensa de los derechos humanos» sería su «absoluta prioridad». Su mandato será recordado por este recurso fallido ante el Constitucional y por su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria, que elaboró tras recibir un encargo del Congreso.