Pedro Sánchez y la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua
Los pactos encapuchados del sanchismo
Recordemos que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 con los votos de los herederos de ETA en la moción de censura y, en 2023, apoyaron su investidura sin disimulo
El pasado martes, 20 de octubre, se cumplieron quince años desde que tres terroristas encapuchados anunciaron que ETA había decidido «el cese definitivo de su actividad armada». No entregaron las armas ni mostraron el menor arrepentimiento. En aquel vídeo, ETA se limitó a comunicar que dejaba de asesinar, pero su disolución definitiva no llegaría hasta mayo de 2018, hace apenas ocho años.
Aquel final no tuvo dueño, carné ni siglas. Fue el triunfo de la sociedad española en su conjunto, de la dignidad y la resistencia de las víctimas, del coraje de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la determinación de jueces y fiscales, y de la cooperación internacional, especialmente con Francia.
Hablamos de más de cinco décadas de terror, más de 850 personas asesinadas y miles de vidas destrozadas por la barbarie terrorista. Nunca se borrarán de nuestra memoria las imágenes de atentados tan atroces como el de Hipercor, en Barcelona, el de la casa cuartel de Zaragoza o el de la plaza de la República Dominicana, en Madrid. A ello se suma el drama de los miles de ciudadanos que tuvieron que huir de su tierra por las amenazas y el miedo a ser asesinados.
Pero algunos padecen amnesia selectiva cuando el poder llama a su puerta. Durante estos años, el PSOE ha estado blanqueando a los herederos de ETA y ha hecho de los pactos encapuchados su método de supervivencia, hasta el punto de que Bildu es hoy el socio más leal del sanchismo.
Ese lavado de imagen comenzó con el expresidente Zapatero y sus elogios a Otegi, un personaje siniestro condenado por pertenencia a organización terrorista.
Después llegó Sánchez, la versión más descarnada del zapaterismo, capaz de sacrificar cualquier límite moral con tal de mantenerse en el poder. Prometió una y otra vez que jamás pactaría con Bildu y, tras uno más de sus célebres cambios de opinión, acabó haciendo de esa formación su aliada más fiel.
Recordemos que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 con los votos de los herederos de ETA en la moción de censura y, en 2023, apoyaron su investidura sin disimulo. Desde entonces, el sanchismo no ha tenido reparo en legislar de la mano de Bildu, con quien ha sacado adelante leyes tan sectarias como la de Memoria Democrática o tan intervencionistas como la de Vivienda.
Pero Sánchez ha pagado el apoyo de Bildu con una interminable colección de cesiones: transfirió al País Vasco la competencia sobre las prisiones y después llegaron los terceros grados y la semilibertad para numerosos presos de ETA, en su gran mayoría sin haber colaborado con la Justicia ni mostrado el más mínimo arrepentimiento.
Y la lista de prebendas suma y sigue. En 2023, el PSOE regaló a Bildu la Alcaldía de Pamplona y, en 2024, consumó la expulsión de la Guardia Civil de tráfico en Navarra.
Esa es la forma de hacer política del sanchismo. La del Gobierno de la Comunidad de Madrid es radicalmente distinta porque elegimos estar al lado de las víctimas, protegerlas y preservar su memoria.
No vamos a permitir que el relato de los crímenes de ETA quede en manos de los verdugos y de quienes pactan con ellos y, en este sentido, seguimos avanzando. En enero del año que viene vamos a llevar a Washington la exposición «Víctimas de ETA» para contar fuera de España la verdad sobre la banda terrorista y reivindicar la respuesta de nuestra democracia. Además, en el primer trimestre de 2027 vamos a inaugurar el Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un espacio de recuerdo, conocimiento y homenaje que conservará objetos tan emblemáticos como la batería de Miguel Ángel Blanco.
En definitiva, nos encontramos ante dos modelos políticos y morales radicalmente opuestos. Frente a los pactos encapuchados del sanchismo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende la memoria, la dignidad y la justa reparación de las víctimas y de sus familiares. Y no dejaremos de reclamar justicia para garantizar que los terroristas cumplan íntegramente sus penas y que se esclarezcan los cientos de crímenes de ETA que aún permanecen sin resolver.
Porque el terrorismo no termina cuando cesan los tiros y las bombas, sino cuando una sociedad garantiza la dignidad de las víctimas, defiende la verdad de los hechos, juzga a los culpables y preserva la memoria.
- Miguel Ángel García Martín es Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid