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Los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños ayer en el Congreso de los Diputados

Los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños ayer en el Congreso de los DiputadosChema Moya/EFE

Medidas cautelarísimas del Alto Tribunal

El Supremo advierte al Gobierno que se enfrenta a multas y sanciones si se niega a proporcionar el censo de los 'nietos'

La Sala competente para decidir sobre la validez, o no, de la norma, posiblemente ilegal, dictada por Sofía Puente, ha reclamado a los Ministerios implicados la información detallada, con nombres y apellidos, de los cerca de 170.000 extranjeros nacionalizados afectados por la suspensión del voto, antes del próximo 28 de octubre a las 15.00 horas

la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que dictó las medidas cautelarísimas que mantienen en suspenso el voto de los 'nietos' nacionalizados por la instrucción, presuntamente ilegal, dictada por el Ministerio de Justicia, a través de Sofía Puente, ha dictado un auto solicitando al Gobierno, en un plazo máximo de cinco días, la información «nominal» de las 163.020 personas afectadas por la parálisis de su derecho de sufragio activo, de cara a las elecciones del próximo 29-N.

Así las cosas, el Alto Tribunal ha acordado activar a la Abogacía del Estado para que informe al Ejecutivo socialista de su obligación de cumplir con las resoluciones judiciales; y, al mismo tiempo que requiera a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños; y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, competencia de José Manuel Albares, para que «remitan» a la Sala, la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, «la relación nominal de las 163.020 personas afectadas, por la aplicación» de la denominada ley de nietos que está bajo la lupa de los magistrados.

En caso contrario, desde el Supremo ya han advertido de forma expresa al Ejecutivo que podría enfrentarse a «multas coercitivas» o, incluso, a «la responsabilidad penal» personal de los funcionarios o sus responsables políticos, instalados en desacato.

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