El Gobierno guarda un calculado silencio sin tener claro que la huelga vaya a tener impacto electoral

Si la de este miércoles hubiera sido una huelga general al uso, contra las políticas de un Gobierno que gobierna desde hace ocho años, a la portavoz del Ejecutivo le habría faltado tiempo para comparecer y dar cifras edulcoradas de su seguimiento; con la intención de amortiguar su impacto.

Si la de este miércoles hubiera sido una huelga general al uso, los sindicatos demandarían un cambio de rumbo al Ejecutivo, como lo hicieron con todos los presidentes que precedieron a Pedro Sánchez; en lugar de entregarse a la causa electoral del PSOE.

Si la de este miércoles hubiera sido una huelga general al uso, el Gobierno no la habría alentado, secundado y favorecido con la fijación de los servicios mínimos que eran de su competencia. Al contrario, habría intentado entorpecerla.

Pero es que la de este miércoles no fue una huelga general al uso, sino una en vísperas del arranque oficial de la campaña, preventiva e ideológica; de la izquierda contra un hipotético Gobierno del PP y Vox. Es por eso que el Ejecutivo de Sánchez mantuvo un calculado silencio durante toda la jornada. Dejando que, por un día, los sindicatos llevaran la voz cantante e hicieran el trabajo por ellos. Aunque sin tener claro que la huelga vaya a tener impacto electoral.

Ni el presidente ni sus ministros tuvieron agenda pública, con las excepciones de José Manuel Albares y Luis Planas, de viaje en Bélgica y Turquía, respectivamente. La ministra de Trabajo tampoco se pronunció, aunque Yolanda Díaz tiene la cabeza en otra parte estos días: el próximo lunes sabrá si es elegida directora general de la Organización Internacional del Trabajo, un cargo al que aspira y que se le ha puesto muy cuesta arriba porque solo cuenta con el apoyo de los sindicatos españoles.

La jornada, pasada por agua y viento, dejó cifras de seguimiento desiguales, escenas de violencia por parte de algunos piquetes coactivos -que no informativos-, más de 40 sindicalistas detenidos y escasa incidencia en algunos sectores. Con los sindicatos denunciando las cargas policiales en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada y Santiago de Compostela.

Estos buscaban el efectismo de la huelga en la campaña y en los medios de comunicación, no su efectividad. Porque el Sindicato de Inquilinas, UGT y Comisiones Obreras sabían de antemano que no iba a tener consecuencias reales. No en vano, el decreto ley de vivienda, que estuvo en la génesis de las movilizaciones, lleva más de un mes en vigor y este jueves será convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. A mayores, es evidente que esta huelga no va a hacer caer a ningún ministro, como sí sucedió en 2002 con Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo de José María Aznar. O en 1985 con Miguel Boyer, ministro de Economía de Felipe González.

Además, la irrupción de UGT y Comisiones Obreras en la batalla electoral ha provocado un clima de hostilidad entre los sindicatos y el PP, cuando todas las encuestas -salvo el CIS- vaticinan un futuro Gobierno de Alberto Núez Feijóo. Eso es empezar con mal pie. El principal partido de la oposición colgó este miércoles un fotomontaje en su cuenta de X que provocó el enfado de los sindicalistas, porque los retrataba como comegambas a la hora del aperitivo.

«Hay unos representantes sindicales que hacen un trabajo magistral y que hay que poner en valor y hay otros que han decidido hacer política después de estar callados durante ocho años (…). Mucho me temo que esta es una huelga electoral y no una huelga para defender los derechos de los trabajadores, lamentablemente», señaló el secretario general de los populares, Miguel Tellado.