El ministro de Justicia, Féliz Bolaños, a la izquierda de la imagen, acompañado de Sofía Puente, a su izquierda, y otras dos personas más en la Apertrura del Año Juidicial en el Supremo
El Supremo admite el nuevo recurso de Iustitia Europa para suspender el voto de los hijos de la ley de nietos y da plazo excepcional hasta el domingo
La Sala abre un trámite extraordinario de alegaciones que concluirá el 15 de noviembre a las tres de la tarde, a solo catorce días de las elecciones generales del 29-N
El Tribunal Supremo ha abierto este miércoles, 11 de noviembre, un nuevo capítulo en la batalla judicial por el censo electoral de las elecciones generales del próximo 29-N. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de reposición presentado por Iustitia Europa contra su decisión de no ampliar la suspensión cautelar del voto a los hijos de quienes adquirieron la nacionalidad española mediante la ley de nietos.
La providencia, a la que ha tenido acceso El Debate, establece un plazo extraordinario e improrrogable para que las partes personadas presenten sus alegaciones: el próximo domingo, 15 de noviembre, a las 15.00 horas, cuando faltarán apenas catorce días para las elecciones generales.
El documento judicial, firmado por el magistrado ponente Antonio Narváez Rodríguez, identifica expresamente el objeto de la controversia: los electores incorporados al Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) mediante la disposición adicional octava, apartado 1.b), de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Se trata de los hijos e hijas mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española de origen al amparo de la ley de nietos o de la anterior legislación de memoria de 2007. Es el colectivo cuya participación electoral pretende suspender cautelarmente Iustitia Europa.
Tres decisiones judiciales en tres días
La nueva providencia tiene su origen en el auto dictado por el Supremo el pasado lunes, 9 de noviembre, por el que denegó la ampliación de las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa respecto de los descendientes comprendidos en el apartado 1.b).
La formación presidida por el abogado Luis María Pardo reaccionó al día siguiente, martes 10 de noviembre, presentando un recurso de reposición para que la propia Sala reconsiderase su decisión. La respuesta judicial ha tardado apenas veinticuatro horas. El Supremo acuerda expresamente admitir a trámite el recurso y abrir audiencia a las partes personadas. La resolución justifica la excepcional brevedad del plazo por las circunstancias derivadas de la convocatoria electoral en curso.
La importancia de esta decisión radica en que la Sala vuelve a examinar la petición de ampliar las cautelares a los hijos de los nacionalizados, aunque la admisión del recurso no significa que haya aceptado suspender su derecho de voto.
La segunda generación de nacionalizados, en el centro de la controversia
La batalla judicial tiene su origen en la interpretación administrativa de la ley de nietos realizada por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mediante la instrucción de 25 de octubre de 2022.
Como ha venido revelando El Debate en su investigación sobre la ampliación de la nacionalidad española y sus consecuencias electorales, aquella instrucción extendió el alcance de la disposición adicional octava mediante una interpretación que permitió acogerse al procedimiento a descendientes de españoles sin exigirles, con carácter general, la acreditación del exilio político.
La controversia llegó a la propia Junta Electoral Central. Cuatro de sus vocales, encabezados por Carlos Vidal Prado, suscribieron el 16 de julio un voto particular que cuestionaba la legalidad de determinados apartados de la instrucción y reclamaba una intervención más intensa de la Administración electoral sobre sus efectos censales.
La cuestión adquiere una dimensión adicional con los hijos mayores de edad de quienes recibieron la nacionalidad. El apartado 1.b) permite que estos descendientes opten también a la nacionalidad española cuando sus progenitores la hayan adquirido de origen por las vías previstas en la legislación de memoria.
Además, el texto consolidado de la instrucción de Sofía Puente atribuye la condición de españoles de origen, aunque de forma sobrevenida, a quienes adquieren la nacionalidad mediante este procedimiento.
La controversia sobre la segunda generación exige distinguir a los descendientes de beneficiarios de la legislación de 2007 de aquellos cuya nacionalidad procede de expedientes tramitados bajo la interpretación cuestionada de 2022.
El Supremo deberá decidir ahora si mantiene su negativa del 9 de noviembre o reconsidera la ampliación de las cautelares. La providencia no establece cuándo resolverá. A dieciocho días de las elecciones, la batalla por determinar qué efectos electorales deben quedar suspendidos sigue abierta. Y el Supremo ha puesto a las partes un plazo excepcional para pronunciarse: hasta el domingo a las tres de la tarde.