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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cara a cara electoralEFE

Balance Judicial

Sánchez entra en la recta final de la campaña con declaraciones clave sobre las 'cloacas', los chivatazos y la invasión de Ceuta

La Audiencia Nacional ha citado a declarar, a lo largo de la próxima semana, a varios testigos esenciales para desen las tramas

El pasado jueves, Pedro Sánchez se enfrentaba al líder de la oposición en un cara a cara del que no salió airoso. Unas horas antes del debate, el todavía presidente del Gobierno desayunaba con unas declaraciones del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que sin ningún tipo de filtros afirmaba que la segunda legislatura había sido fruto de la «ambición desmedida» por el poder del líder socialista. Todavía reponiéndose de ambos reveses, Sánchez encara la recta final de la campaña electoral con un calendario judicial diabólico para las causas de corrupción que salpican a su núcleo duro político.

En los próximos días, y a medida que se acercan las elecciones generales del 29-N, la Audiencia Nacional tomará declaración a varios de los testigos e imputados clave en tres de los procedimientos más graves que cercan al Partido Socialista y al Gobierno. El 'caso Koldo' y los chivatazos del guardia civil Rubén Villalba quien, presuntamente, mantenía a la trama de las 'mordidas' informada sobre los pasos de sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) y proporcionaba teléfonos seguros a la red; el 'caso cloacas', con el testimonio de una de las líderes del clan de Los Rocho, dedicado al narcotráfico extremeño, al que habrían contactado para «eliminar» a la jueza que instruyó el proceso del hermano de Sánchez; y, en último lugar, los interrogatorios de dos piezas clave en los días en los que se produjo la invasión de Ceuta por parte de Marruecos: el cónsul español en Tetuán y el ex jefe de gabinete del ex delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz.

Hasta 25.000 euros para Villalba

Este mismo lunes 23 de noviembre, el comandante Rubén Villalba tendrá que comparecer en la AN para ser interrogado. tras instar su comparecencia voluntaria, sobre las presuntas entregas de dinero que le hizo el comisionista Víctor de Aldama quien, también imputado en esta causa, reconoció «haber entregado alrededor de 25.000 euros» al guardia civil.

La propia UCO señaló en uno de sus informes que Villalba colaboró para infiltrar a la presunta 'trama Koldo' dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, trabajo por el que habría recibido «una contraprestación económica --que podría ascender a más de 88.000 euros entre 2021 y 2023-- cuya finalidad primordial era asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal» en dos ejes. El primero, garantizar la seguridad interna y orgánica de sus miembros, incluyendo la «salvaguarda» tanto personal de cada uno de ellos, como de sus comunicaciones. El segundo, relativo a la dimensión externo, "protegiendo los actos de corrupción propios de las conductas delictivas2 que se llevaron a cabo.

Sin embargo, en el mismo auto de citación, el juez instructor Ismael Moreno rechazó las peticiones de la defensa de Villalba de abrir de pieza separada secreta y de requerir al Ministerio del Interior para que certificase si él tuvo autorización entre 2017 y 2023 para recibir o gestionar fondos reservados, y de ser así los importes que le fueron entregados. El magistrado consideró que dicha petición resulta «improcedente» ya que no pone en duda que «una parte del dinero efectivo ingresado pudiera proceder de los fondos reservados o de algún familiar».

Es decir, el juez Moreno se suma así a la posición de la Fiscalía que, en un escrito, precisó cómo los hechos que se le atribuyen penalmente a Villalba pasan por «haber recibido pagos de Aldama» y, por lo tanto, solo ve procedente la declaración del comandante «siempre que esté ceñida» a dichos pagos que la UCO atribuyó tanto a Aldama como al ex asesor Koldo García Izaguirre, condenado ya a 19 años de prisión por el 'caso mascarillas'.

«Eliminar» a la jueza Biedma

Por su parte, en la causa de las 'cloacas' que, presuntamente, se orquestaron en la cúpula de Ferraz para neutralizar las actuaciones policiales y judiciales que se siguen contra el Gobierno y varios miembros de la familia del presidente, está citada Cintia Rocho, la mujer que aseguró que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le habló de «eliminar» a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, tal y como ha decretado el magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso. El juez, de hecho, autorizó la comparecencia telemática de la mujer que, esta pasada semana, reclamó escolta policial para su declaración frente a las «amenazas de muerte» de las que dice ser objeto.

De hecho, en un escrito remitido al Pedraz, Rocho afirmaba que «desde hace años» viene «sufriendo amenazas de muerte», «al igual que sufrieron mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados días después de recibir las amenazas». Un escenario al que se suma «el homicidio de una persona ocurrido en el día de hoy en la ciudad de Badajoz», rezaba el documento presentado por la matriarca del clan, en la Audiencia Nacional.

Así las cosas, el magistrado autorizaba a la mujer a que prestase declaración por medios telemáticos, contribuyendo así a reducir su «temor», en la colaboración con la Administración de Justicia, ante la que se sentará el martes, día 24, por su posible «conocimiento» de detalles relevantes de la guerra sucia socialista que salpica tanto a la considerada 'fontanera' Leire Díez, como a sus presuntos enviados en Extremadura. Entre ellos, el ex magistrado Sáenz de Tejada.

Rocho ya declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le había indicado que la jueza Biedma «era un puto grano en el culo y había que eliminarla»: y, que la intención, según relató la mujer, era «causarle daño físico». Por su parte, el exjuez aseguró ante el juez que se refería a eliminar judicialmente.

Un «carril especial» para el cónsul

El jueves día 26, a partir de las 10.00 horas, la juez instructora de la causa que se sigue sobre la presunta invasión de Marruecos a Ceuta, la magistrada María Tardón, escuchará como testigo al cónsul general de España en la ciudad marroquí de Tetuán para saber qué información manejó de la situación existente en el norte del país vecino durante los días anteriores al asalto masivo. No en vano, varias fuentes policiales confirmaron que se produjo un «episodio singular y potencialmente relevante», en relación con el diplomático, en los días previos, para habilitar un «carril especial» de acceso hasta la ciudad autónoma, con carácter urgente.

Una «circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo», tal y como señaló uno delos policías que desveló este hecho y que confirmó, además, que el corredor llegó a habilitarse y a ser empleado.

Las sospechas generalizadas apuntan a que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, con un par de días de anticipo a que se produjera el incidente, De ahí que lo que pueda aportar el protagonista, es relevante no en base a «los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente» y la proximidad de que éste se produjera en fechas muy cercanas a lo que ocurrió.

Por eso la magistrada Tardón consideró «imprescindible» conocer de forma directa si el diplomático se desplazó a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio; cuáles fueron los motivos del desplazamiento; con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia, y si transmitió información, advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos posteriormente acontecidos y que se investigan en la causa.

Además, la jueza busca los datos que obraban en poder del consulado acerca de la situación existente en el norte de Marruecos durante los días anteriores y si los mismos fueron compartidos con la Delegación del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cualquier otra autoridad española.

De ahí que justo antes del testimonio diplomático, vaya a sentarse frente a Tardón Gonzalo Sanz, ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, para corroborar si como apuntaron los funcionarios policiales, el desplazamiento del cónsul general habría tenido como destinatarios institucionales a los responsables de dicha institución.

Cabe recordar que, en esa primera declaración, Sanz señaló que comunicó al ya dimitido delegado, Pérez Triano, los mensajes recibidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Tardón acordó llamarle por segunda vez porque, en esa primera declaración, no hubo referencia alguna a la existencia de dicho desplazamiento, a la eventual reunión mantenida con el representante diplomático español ni a la información que, en su caso, pudiera haberse intercambiado de haberse producido.

El exjefe de gabinete dimitió de su cargo después de conocerse que recibió mensajes de los servicios de inteligencia través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.