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28 de febrero de 2024

Vista del peñón de Gibraltar

Vista del peñón de GibraltarEuropa Press

Brexit

España aparta la cuestión de la soberanía de Gibraltar de las negociaciones del tratado con Reino Unido

El Gobierno de Sánchez obvia la vieja reivindicación nacional y pierde así la oportunidad de resolver la situación colonial del Peñón

La soberanía de Gibraltar no está encima de la mesa de negociación del tratado que ha de definir la relación del Peñón con España y el resto de los Veintisiete tras el Brexit, pese a ser la cuestión de fondo de las conversaciones. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que España no cederá en su vieja reivindicación, en un momento en el que las negociaciones se encuentran en su «fase decisiva».
«Ni el futuro acuerdo, ni ninguna acción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implicarán renuncia alguna, ni modificación de la posición jurídica de España con respecto a la soberanía y jurisdicción» de Gibraltar, afirma el Gobierno en una respuesta parlamentaria a Vox donde también saca pecho por la «propuesta global» que ha presentado junto con la Comisión Europea.
Según el Ejecutivo español, esta propuesta «contiene soluciones técnicas y prácticas muy razonables, que son necesarias para la construcción de un área de prosperidad compartida y son respetuosas con las respectivas posiciones jurídicas de España y Reino Unido sobre Gibraltar», que son opuestas entre sí, ya que Reino Unido se niega a renunciar a la soberanía del Peñón, a pesar de los llamamientos de Naciones Unidas a descolonizar este territorio.
La propuesta comunitaria prevé «la supresión de la Verja» e incluye «disposiciones para hacer posible la movilidad de personas y de bienes asegurando la plena integridad del área Schengen y del mercado interior de la UE».
Además, «se contempla la protección y mejora de los derechos de los trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales y se incluyen disposiciones dirigidas a asegurar condiciones de competencia justa y leal», así como «disposiciones para luchar contra el blanqueo de capitales y para garantizar elevados estándares de protección medioambiental», al igual que «un mecanismo financiero para programas de formación y empleo en la zona».
Todo ello, puntualiza el Gobierno a los de Santiago Abascal, «sin alterar la posición de España sobre la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar». No obstante, aparta esta cuestión de las negociaciones con Reino Unido. Éstas suponen la primera oportunidad de resolver la situación colonial del Peñón –la cual viola la integridad territorial de España– desde la Declaración de Bruselas de 1984, que sentó las bases de un nuevo proceso negociador sobre la soberanía de Gibraltar.

El acuerdo no pasará por las Cortes

En otra respuesta parlamentaria, en este caso a Ciudadanos, el Gobierno aclara que el acuerdo que se alcance sobre la relación de Gibraltar con España no tiene por qué ser ratificado por las Cortes Generales, ya que las partes en dicho acuerdo serían, «exclusivamente, la Unión Europea y Reino Unido». Tanto el Congreso como el Senado sólo tienen que pronunciarse en el caso de «los tratados internacionales en los que España sea parte», añade.
El Ejecutivo también indica que las negociaciones están «en una fase decisiva, con las respectivas propuestas claramente expuestas». El flamante Marco de Windsor ha acercado el acuerdo sobre Gibraltar, puesto que el desechado Protocolo de Irlanda del Norte entrañaba el principal escollo de las interacciones entre Londres y Bruselas.

El fracaso de las negociaciones

Por otro lado, el Gobierno ha manifestado su determinación de «tomar las decisiones políticas y jurídicas oportunas que salvaguarden los derechos de los ciudadanos y empresas españolas de la zona del Campo de Gibraltar» y que ha tratado en todo momento de minimizar el impacto socioeconómico del Brexit para la comarca «mediante medidas provisionales de contingencia, mientras dura la negociación».
En este sentido, advierte de que, si fracasan las negociaciones, dejarían de estar vigentes las medidas de contingencia, pasando así a aplicarse la legislación comunitaria, y de que las consecuencias «serían negativas tanto para el Campo de Gibraltar como para Gibraltar». Por ello, agrega, «confiamos en que las negociaciones concluyan con un acuerdo satisfactorio y a esta tarea estamos dedicando todos los recursos a nuestro alcance».
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