Aumentan las agresiones a sanitarios en Andalucía: el SAS registra cinco al día

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) registró un total de 1.866 agresiones a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía durante el pasado 2024; es decir, una media superior a cinco al día. Los ataques físicos ascendieron a 362, una cifra que representa el 19,4 % del total. Las no físicas fueron 1.504.

Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), del total de agresiones registradas, el 47,48 % se produjeron en hospitales, y el 52,52 %, en centros de Atención Primaria. Además, el 20,3 % de las agresiones fueron cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6 % cuando se trata de agresiones físicas.

Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz, 61 físicas y 282 no físicas; Córdoba, 36 físicas y 126 no físicas; Granada, 45 físicas y 149 no físicas; Huelva, seis físicas y 60 no físicas; Jaén, 24 físicas y 120 no físicas; Málaga, 69 físicas y 249 no físicas, y Sevilla, 101 físicas y 378 no físicas.

Por sexos, las mujeres fueron las más agredidas, con el 72,45 % de los ataques, y por perfil profesional, el personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería, sufrió casi el 80 % de agresiones.

La Consejería de Salud ha subrayado el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces, que actualmente cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que «parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad».

Además, la Junta de Andalucía ha habilitado «canales ágiles y rápidos» para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida, y «se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar».

Cabe señalar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los doce meses y los tres años de prisión. De hecho, durante 2024, los letrados del SAS han realizado 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado.