Un juez ordena el desalojo de un poblado chabolista en Níjar con seis decenas de inmigrantes

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería ha ordenado el desalojo de las seis decenas de inmigrantes que residen en el poblado chabolista del Cortijo el Uno, en la barriada de San Isidro de Níjar (Almería).

Según han informado fuentes judiciales a EFE, el lanzamiento está previsto para el próximo martes 25 de febrero, a partir de las 9:40 horas, y se ha acordado tras la demanda presentada por el propietario de los terrenos en los que se ubica este asentamiento.

El desalojo fue notificado antes del verano pasado, pero no es hasta ahora que se comunica de forma definitiva a los ocupantes de las chabolas, que deben de «abandonar voluntariamente» la finca y entregar las llaves de acceso al demandante, ya que en caso contrario se procederá al lanzamiento «sin prórroga ni consideración», «teniendo por abandonados los bienes que sean encontrados en la finca».

Desde el Ayuntamiento de Níjar han trasladado a EFE que este asunto no tiene nada que ver con la gestión municipal, ya que se trata de un suelo privado. «El que promueve el desalojo es un juez y se va a producir en un suelo privado. En ese ámbito, el Ayuntamiento no tiene nada más que decir», han añadido, mostrando a su vez su respeto a las decisiones judiciales.

En declaraciones a EFE, el director de Almería Acoge y presidente de Cepaim en Almería, Juan Miralles, ha señalado que «hay una serie de personas que se quedan en la calle nuevamente, sin que haya respuestas por parte de la Administración».

Del mismo modo, el director de la delegación del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Daniel Izuzquiza, ha manifestado que a su entidad le preocupa especialmente la «situación de menores que pueden quedar en desamparo», ya que entre las 58 personas que viven en el Cortijo el Uno habría nueve niños.

Por su parte, desde la Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía han confirmado a EFE que no han recibido una solicitud de ayuda por parte del Ayuntamiento, mientras que desde la Subdelegación del Gobierno no se ha precisado por el momento si se ha solicitado la intervención de Guardia Civil u otros medios.