El PSOE de Montero recicla su defensa ante los ERE para minimizar la trama de Ferraz: «Son tres sinvergüenzas»

La historia reciente del PSOE está marcada por dos grandes escándalos de corrupción: el caso ERE de Andalucía y la presunta trama de mordidas en contratos públicos que actualmente se investiga. En ambos, la estrategia socialista ha sido la misma: reducir el foco de la responsabilidad a un pequeño grupo de individuos que, según el discurso oficial, habrían actuado al margen del partido y de las instituciones.

En el caso de los ERE, el PSOE andaluz insistió durante años en que se trataba de un fraude limitado a «cuatro golfos» dentro de la Consejería de Empleo. Esta narrativa sirvió como escudo político durante más de una década, hasta que al expresidente de la Junta José Antonio Griñán no le quedó más remedio que reconocer que había sido «un gran fraude».

Años más tarde, la Justicia confirmó que no se trataba de unos pocos. Hasta 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el propio Griñán, fueron condenados por la Audiencia de Sevilla en 2019 en una sentencia posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo y que, hace unos meses, el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, muy próximo al PSOE, ordenó revisar, anulando parcialmente las condenas. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede tener la última palabra.

Ahora, en pleno de terremoto político por la trama de Ferraz, que involucra a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, el PSOE andaluz, dirigido por María Jesús Montero, mano derecha de Pedro Sánchez, reciclan la estrategia de defensa empleada ante el caso ERE. Ángeles Férriz, portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, acotó el escándalo de las mordidas a «tres sinvergüenzas». Además, afirmó que en su partido están «hasta el moño de puteros».

Sin embargo, los indicios apuntan a que este tipo de corruptelas no pueden cometerse sin el conocimiento o la complicidad de otros niveles de la administración, ya sea para tramitar ayudas públicas de manera fraudulenta, como en los ERE, o para repartir contratos de obra pública a cambio de comisiones, como en la trama que investiga la Guardia Civil y que Pedro Sánchez ha calificado de «anécdota», pese a que las pesquisas continúan y podrían ampliarse, según fuentes judiciales.

Por lo pronto, además de Santos Cerdán, el número tres del Ministerio de Hacienda, José Antonio Marco Sanjuán, hasta ahora presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), ha dimitido tras las informaciones, publicadas en exclusiva por El Debate, que acreditan que cobró cuantiosas comisiones a empresarios por archivos de pleitos fiscales. El caso ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. La ministra María Jesús Montero, sin embargo, lo ha negado todo, incluso que fuera su número tres.

Mercedes Alaya, la juez que destapó el caso de los ERE, insistía en sus autos en que había que llegar a «la cúspide de la pirámide» para desentrañar el fraude, cifrado finalmente en los famosos 679.412.179,09 euros. Hoy, en la trama de las mordidas, ese mismo enfoque podría ser clave para esclarecer si realmente es cosa de «tres sinvergüenzas» o si la corrupción se extendía mucho más allá de lo que el PSOE está dispuesto a admitir.

El vínculo de Ana María Fuentes

Además de la estrategia de defensa, hay otro vínculo entre el caso de los ERE y la trama de las mordidas, y tiene nombre y apellidos. Se trata de Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE y miembro de la Secretaría de Organización nombrada provisionalmente por Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán. Su negocio familiar, una autoescuela de Ronda, recibió más de 450.000 euros en ayudas de la Junta de Andalucía entre 2007 y 2009.

Se da la circunstancia de las ayudas económicas procedían exactamente de la Consejería de Empleo, que entonces estaba dirigida por Antonio Fernández, posteriormente condenado por delitos prevaricación y malversación en el caso ERE. Las subvenciones en cuestión estaban destinadas a formar a personas desempleadas para la obtención de licencias de conductor profesional.

Por otro lado, según ha publicado en exclusiva El Debate, Fuentes ha sido condenada en dos ocasiones por impagos a una sociedad con la que colaboraba en la explotación de autoescuelas, motivo por el cual tuvo que abonar 57.289,96 euros a uno de sus proveedores. En el presente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sugiere que la dirigente socialista pidió mordidas a la trama vinculada a Ábalos, Cerdán y Koldo.