La Fiscalía no aprecia delito de odio en las palabras del alcalde de Cartaya sobre la inmigración ilegal

La Fiscalía de Huelva ha archivado las diligencias abiertas contra el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), tras las denuncias presentadas por Izquierda Unida y la asociación La Carpa, que acusaban al regidor de incitar al odio por unas declaraciones en redes sociales donde vinculaba la delincuencia con la inmigración ilegal, tras una agresión con arma blanca a un comerciante local.

El fiscal especializado en delitos de odio evaluó los vídeos publicados por Barroso, en los que aseguraba concretamente que Cartaya y «otros pueblos» sufrían «un problema muy grave» con la inmigración ilegal. En sus palabras describía escenas de personas durmiendo en la calle y aseguraba que muchos inmigrantes «solo vienen a delinquir y a hacer el mal». La Fiscalía ha determinado que estas expresiones no alcanzan el umbral jurídico necesario para considerarlas delito de odio.

El alcalde realizó estas declaraciones tras un suceso que conmocionó al municipio: un robo violento en el que un comerciante recibió varias puñaladas por parte de un indocumentado que luego fue detenido. Barroso aprovechó el contexto para manifestar su «indignación» en redes sociales y criticó duramente la inacción del Gobierno central frente a la inmigración ilegal, lo que desató un aluvión de críticas por parte de colectivos sociales y políticos.

«Es un clarísimo delito de incitación al odio», afirmó rotundamente Alfonso Romera, presidente de La Carpa, asociación que ayuda especialmente a los temporeros, en su gran mayoría inmigrantes, que malviven en asentamientos chabolistas de la provincia. Desde IU, por su parte, destacaron que Barroso llegó a mostrar un arma blanca en un pleno municipal, supuestamente incautada a un inmigrante, mientras relacionaba inmigración con inseguridad ciudadana.

Además, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, expresó su «firme rechazo» a las declaraciones del alcalde, que representaban «un discurso xenófobo carente de rigor», y subrayó que los datos oficiales no respaldaban la vinculación entre inmigración ilegal y criminalidad que Barroso planteaba.

El alcalde no tardó en responder con un segundo vídeo en el que defendía su postura. Además, volvió a mostrar el arma blanca y argumentó que la subdelegada «no hacía nada» por la seguridad en Cartaya. También insistió en que en su municipio se distinguía entre «inmigración legal y trabajadora» e «inmigración ilegal que solo viene a delinquir».

Libertad de expresión

Barroso (PP) ha señalado este viernes que «como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ha archivado las diligencias informativas» que se abrieron tras «la remisión por parte de la Asociación La Carpa de dos vídeos» en los que «se quejaba de la actual situación de los inmigrantes ilegales», que «culminó con una agresión a un ciudadano de este municipio que sufrió múltiples lesiones y que incluso se llegó a temer por su vida», toda vez que ha señalado que «confundieron libertad de expresión con delito de odio».

Así lo ha manifestado Barroso en una publicación realizada en sus cuentas de redes sociales, después de conocer el archivo de las diligencias, y en la que ha apuntado que «tanto PSOE como IU» le «exigieron» a través de los medios «responsabilidad penal por un presunto delito de odio, confundiendo la libertad de expresión y la defensa de la seguridad de los ciudadanos con un comportamiento xenófobo que no se corresponde con la realidad».

«La inmigración ilegal es un problema muy importante en Cartaya, que genera desconfianza en la población y que está haciendo que empiece a cundir el miedo en las calles por la inseguridad ciudadana. Desde aquí reitero mi petición al Gobierno de España para que garanticen la seguridad de los ciudadanos de Cartaya, tomen las medidas necesarias para que las mafias que controlan la inmigración ilegal dejen de actuar impunemente y por supuesto adecuen la ley a las necesidades actuales, donde los inmigrantes ilegales son prácticamente inmunes a sus actos», ha remarcado.

Barroso ha subrayado que la inmigración «legal» es «necesaria y bienvenida» en su municipio y que, «de hecho, la ciudadanía convive de forma pacifica e integradora», pero que «los ilegales son fuente de conflictos derivados de sus situaciones personales –falta de trabajo y documentación, etc.– que »les obliga a realizar actos de supervivencia que muchas veces chocan con la legalidad".

«Por ello, desde aquí, mi compromiso con la defensa de los ciudadanos de Cartaya para que vivan seguros y de forma pacífica, y mi exigencia al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias para acabar con la inmigración ilegal», concluye su comunicado.