Así eran las tabaqueras ilegales de Andalucía que retenían a sus empleados en condiciones infrahumanas

La Guardia Civil ha logrado desmantelar dos fábricas de tabaco ilegales en Andalucía –una en Córdoba y otra en Málaga– que mantenía retenidos a los trabajadores en condiciones de vida infrahumanas. La operación de la Benemérita se ha saldado con 21 detenidos y han conseguido liberar a 18 de los empleados que trabajaban en ellas.

La investigación contra esta red ilegal se inició tras descubrir una de las presuntas instalaciones ilegales en una localidad de la provincia de Málaga. La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se enfrentaba al desmantelamiento de una organización criminal que confeccionaba tabaco falsificado y de contrabando.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales integrantes de esta organización y esto fue lo que les llevó a descubrir una segunda fábrica, esta ubicada en la provincia de Córdoba.

Una vez registrados ambos recintos industriales se pudieron intervenir numerosos efectos relacionados con la fabricación ilegal de tabaco, en su conjunto valorados en más de tres millones de euros. La organización hacía grandes cantidades de dinero con este negocio. Se estima que tenían una capacidad de producción diaria de ocho millones de pitillos falsos y que el fraude con Hacienda podría ser superior a los dos millones de euros.

Esa capacidad era gracias a la explotación que ejercían sobre sus empleados, en muchos casos trabajaban retenidos en las instalaciones en condiciones de vida poco saludables, ya que permanecían hacinados en habitaciones.

La organización captaba a personas procedentes de países asiáticos o de Europa del este ofreciéndoles buenas condiciones de trabajo, pero, la realidad es que cuando llegaban a España les trasladaban a las fábricas y ahí eran explotados con jornadas continuas sin descanso, sin remuneración y bajo el pretexto de saldar una deuda pendiente con la red criminal.

A los detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos, estafa contra la Hacienda pública, contrabando de tabaco, delito contra la propiedad industrial y pertenencia a organización criminal. Además de la Guardia Civil y las Unidades Operativas de Málaga y Sevilla de Vigilancia Aduanera, en el operativo ha participado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla.