La Fiscalía andaluza estudia «cada denuncia» en busca de culpables de los fallos en los cribados

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha explicado este miércoles que se está estudiando «cada denuncia» presentada hasta la fecha ante el citado órgano judicial en relación con los retrasos en las pruebas diagnósticas dentro del programa del cribado del cáncer de mama para determinar, en primer lugar, si hay responsabilidad penal y, después, «si hay autores de esos hechos».

En declaraciones a los medios antes de presentar en el Parlamento la memoria de la Fiscalía Superior del año 2024, Tárrago ha anunciado que el fiscal designado para llevar este caso está «analizando» la documentación presentada, en primer lugar, por el Defensor del Paciente, además de las denuncias particulares de mujeres afectadas y las de Adelante Andalucía, IU (remitida por la Fiscalía General) y de un partido político –que no ha especificado– en Almería por posibles casos en el Hospital de Torrecárdenas.

La denuncia presentada por el Defensor del Paciente pide a la Fiscalía Superior que abra una investigación de oficio por el caso del cribado del cáncer de mama, en cuyo programa de detección precoz la Junta de Andalucía ha terminado reconociendo «errores» en el protocolo que han provocado retrasos, en algunos casos de hasta un año, en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía sin resultados concluyentes. La Administración autonómica está llamando a 2.000 mujeres de este cribado para hacerse una segunda prueba y así descartar un tumor.

Estas demoras han llevado al Defensor del Paciente a solicitar a la Fiscalía que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por «dejación de funciones». El Defensor del Paciente sostiene que se ha producido una «clara dejación de funciones», lo que ha puesto, a su juicio, en «grave riesgo» a las mujeres que «pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía».

En su petición a la Fiscalía, la entidad argumenta que «cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas solo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública».