La UCO estrecha el cerco sobre la Diputación de Almería con nuevos investigados por el caso Mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas.

Con esta incorporación, según han detallado fuentes de la UCO a la agencia EFE, ya son cinco las personas detenidas, y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo implicado.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, así como registros en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.

Los registros se prolongaron durante más de diez horas y contaron con la dirección del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas, entre otros. También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.

Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves. Entretanto, la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias, mientras que el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.

Caso abierto desde 2021

El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones practicadas en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, fue arrestado por la compra supuestamente fraudulenta en plena pandemia de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) a través de un contrato de urgencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros.

Los indicios de posibles mordidas a través de aquel contrato dieron lugar a nuevas investigaciones que han llevado a la autoridad judicial a extender sus pesquisas para determinar si también podría darse el cobro de comisiones a través de otros contratos públicos de obras y servicios, algunos de ellos con el Ayuntamiento de Fines.