Los sanitarios protestan por las continuas agresiones que sufren

Los sanitarios protestan por las continuas agresiones que sufrenJunta de Andalucía

Granada

Dos agresiones a sanitarios en centros de salud de la Costa Tropical obligan a activar el protocolo del SAS

El primero ha implicado a una facultativa de atención primaria de Motril y el segundo a un médico del servicio de urgencias de Almuñécar

El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada ha expresado su «más absoluta condena» ante las agresiones físicas y verbales que han sufrido varios profesionales sanitarios de dos centros de salud situados en la Costa Tropical granadina.

El primero de los casos ha implicado a una facultativa de atención primaria del centro de salud de Motril Centro durante el desarrollo de su jornada de trabajo. La víctima ha recibido asistencia psicológica y jurídica por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El segundo ha afectado a un médico del servicio de urgencias del centro de salud de Almuñécar, mientras atendía a un paciente en la vía pública. En sendos casos, las agresiones han sido denunciadas en tiempo y forma, siguiendo las pautas del protocolo establecido al respecto por el sistema sanitario público andaluz.

Agresión a sanitario es delito en España

Desde el AGS Sur de Granada se condena «sin matices» cualquier acto violento, físico o verbal, que afecte a los profesionales del sistema sanitario público andaluz dentro o fuera de un centro sanitario. «La violencia nunca está justificada», han reiterado los profesionales, al tiempo que han recordado que la agresión a un sanitario es un delito en España y que los agresores se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel, multas económicas, órdenes de alejamiento e indemnizaciones.

Por su parte, el SAS ha reforzado su oferta formativa sobre control de situaciones conflictivas y sobre el propio Plan de Prevención de Agresiones, con el fin de reconducir las situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias. Adicionalmente se imparten talleres de la mano de Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de instituciones penitenciarias.

Asimismo, el personal cuenta a su disposición con la figura del 'profesional guía', que acompaña y asesora a los profesionales agredidos, facilita asistencia psicológica y jurídica y refuerza las medidas de seguridad disponibles en los centros de trabajo, como cámaras de seguridad, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales de carácter disuasorio.

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