La Fiscalía archiva las denuncias contra dos exconsejeros de Salud de Moreno por los cribados de mama

La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado las tres denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad por los fallos del programa de cribado de cáncer de mama, al no apreciar indicio penal en dos aforados, como son el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, quienes han ostentado con anterioridad la cartera de Salud en la Junta de Andalucía.

Las denuncias fueron presentadas a lo largo del pasado mes de octubre, tras estallar el escándalo, por la Asociación del Paciente –ampliada con escritos de 16 mujeres con sus casos particulares– y los partidos Adelante Andalucía e Izquierda Unida, e incluyen a otras tres personas no aforadas, como son la exconsejera de Salud Rocío Hernández, la exviceconsejera María Luisa del Moral y la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García.

El Ministerio Público ha dado carpetazo a las denuncias de la Asociación del Paciente, Adelante Andalucía e Izquierda Unida y ha remitido las diligencias a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido recogidos los escritos de las 16 mujeres afectadas, para que continúe la investigación «de forma individual y separada», con el objetivo de aclarar los hechos y examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.

Las diligencias de investigación preprocesales han sido llevadas a cabo sobre esas tres denuncias y las declaraciones que realizan las 16 mujeres en sus respectivos escritos, más el informe y la documentación que aporta la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, dirigida por Antonio Sanz, mano derecha de Juanma Moreno, tras la dimisión forzada de Rocío Hernández.

El decreto de archivo señala que los hechos se refieren a «errores o deficiencias en el protocolo» de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como «no concluyentes o dudosos» la falta de comunicación de las pruebas realizadas.

También alude a falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema o prestación sanitarios en el sistema de salud privado.

Las fiscalías provinciales continuarán la investigación

No obstante, según la Fiscalía andaluza, órgano competente en la investigación de los cargos aforados, en los hechos denunciados por las mujeres «no existe un patrón» que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos, de ahí que hayan de ser «investigados de manera individual y separada».

El decreto también recoge cómo algunas denuncias exponen manifestaciones «de carácter general, sin precisión alguna», relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama. «Una investigación más prospectiva sería contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración», aclara la Fiscalía andaluza.