La Justicia entra en acción en la guerra entre olivos y placas solares en Jaén

La Campiña Norte de Jaén es, desde hace ya más de un año, escenario de un conflicto creciente entre agricultores y administraciones, derivado de la tala de olivos para la instalación de megaplantas solares. Lo que comenzó como una contestación social en municipios como Lopera, Arjona o Marmolejo, con recurrentes protestas y movilizaciones, ha entrado ahora en una nueva fase con la judicialización del conflicto.

La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares ha anunciado la interposición de varios recursos contencioso-administrativos para frenar los proyectos fotovoltaicos promovidos en la comarca. Según explica el colectivo, estas iniciativas habrían sido tramitadas y autorizadas en perjuicio de la propiedad privada y de la capacidad de decisión de los propietarios afectados y amparándose en una normativa que, a su juicio, favorece de forma desproporcionada a las empresas promotoras.

En un comunicado, la plataforma subraya que las acciones judiciales forman parte de una estrategia de defensa frente a un modelo energético que prioriza el beneficio privado frente a los intereses de las zonas rurales. Denuncian que, bajo el discurso de la llamada transición energética, se está imponiendo un esquema que sacrifica tierras agrícolas productivas y genera un impacto social y ambiental que no revierte en las comunidades locales.

El colectivo recuerda que esta no es la primera iniciativa legal emprendida. Hace un año presentó una denuncia penal por posibles delitos contra la flora y la fauna y por presunta prevaricación ambiental. La denuncia señalaba a delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía y a varias empresas promotoras, entre ellas filiales de Greenalia y FRV Arroyadas, como responsables de actuaciones presuntamente irregulares vinculadas a estos proyectos solares.

En esta ocasión, y en colaboración con SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad, la plataforma ha dirigido sus recursos contra distintos organismos. El 16 de enero se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recursos contra las delegaciones provinciales de Industria y Medio Ambiente de Jaén por conceder autorizaciones sectoriales que, según sostienen, presentan posibles irregularidades en su tramitación administrativa.

Además, el 20 de enero se interpuso un recurso contra el Ayuntamiento de Lopera ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén. El motivo es el levantamiento de la suspensión cautelar de licencias urbanísticas mediante un decreto de Alcaldía. Los proyectos cuestionados, impulsados por Greenalia y FRV Arroyadas, han sido declarados de supuesto interés público, lo que ha permitido expropiaciones forzosas en varios términos municipales.

La plataforma critica duramente el marco legal que sustenta estas actuaciones, citando normas como la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), el decreto-ley 4/2019, la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. A su entender, este entramado permite declarar de interés público proyectos privados, facilitando la ocupación de tierras agrícolas en beneficio empresarial y dejando a los propietarios en una posición de debilidad.

Por último, denuncian que muchos contratos con propietarios se firmaron bajo presión y con información incompleta, trasladando la idea de que la expropiación era inevitable. Como ejemplo, citan dos casos del proyecto Marmolejo Solar en Lopera, cuyos propietarios han demandado la resolución contractual. La plataforma sostiene que estas prácticas evitaron el control judicial de la legalidad y consolidaron una negociación en clara posición dominante.