El pacto «antinatura» entre PP e IU en Pinos Puente puede saltar por los aires a causa de una agresión sexual

La política municipal en Pinos Puente (Granada) vuelve a estar en el centro de la polémica tras la dimisión de la concejala de Igualdad, Margarita Álvarez, de Izquierda Unida, después de que haya sido condenada por agredir a una vecina del municipio.

La sentencia establece una pena de nueve meses de multa, además de una orden de alejamiento y una indemnización económica por un delito de lesiones. La víctima de la agresión es una mujer del municipio que es madre de la joven que había denunciado un caso de presunta agresión sexual en el que estarían implicados los hijos de la propia concejala. El caso ha generado una fuerte repercusión política en el municipio, donde la oposición, PSOE y Vox, habían reclamado públicamente su dimisión en los últimos días.

El caso ha provocado un fuerte terremoto político en el municipio del área metropolitana de Granada, donde PSOE y Vox, desde la oposición, habían pedido públicamente su dimisión tras conocerse la sentencia. Tras hacerse pública, la edil anunció que abandonaba el cargo alegando «motivos personales».

El episodio vuelve a poner bajo presión al gobierno municipal de Pinos Puente, surgido hace apenas unos meses tras una controvertida moción de censura que cambió el rumbo político del Ayuntamiento.

Una moción que cambió el gobierno

El actual ejecutivo local nació en diciembre tras una moción de censura que desplazó al PSOE de la alcaldía. El acuerdo permitió formar un nuevo gobierno municipal compuesto por Izquierda Unida, el Partido Popular y Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente.

Gracias a ese pacto, el concejal de IU Iván Fernández asumió la alcaldía del municipio.

La alianza entre IU y PP llamó especialmente la atención en el panorama político local por tratarse de dos formaciones ideológicamente enfrentadas. El acuerdo permitió a la coalición de izquierdas mantener el control de la alcaldía con el apoyo de los populares y de un grupo independiente.

La dimisión de la concejala de Igualdad vuelve ahora a poner el foco sobre ese pacto político y sobre la estabilidad del gobierno municipal surgido tras la moción.

La condena precipita la dimisión

El origen del caso se remonta a un altercado ocurrido en el municipio que terminó en los tribunales. La justicia consideró probado que la concejala agredió a una vecina del pueblo, lo que ha derivado en la condena por un delito de lesiones.

Antes incluso de conocerse el fallo judicial, la Fiscalía había solicitado dos años de prisión por estos hechos, lo que ya había generado una fuerte presión política sobre su continuidad en el cargo.

Tras conocerse la sentencia, la dirección provincial de Izquierda Unida había advertido que adoptaría las medidas oportunas en caso de condena, en línea con sus estatutos y su código ético.

Finalmente, la edil ha optado por abandonar tanto el gobierno local como su acta en el Ayuntamiento.

Un nuevo foco de tensión política

La salida de la concejala obliga ahora a reorganizar la representación de IU en el consistorio, ya que deberá incorporarse otro miembro de la candidatura con la que la formación concurrió a las elecciones municipales de 2023.

Mientras tanto, el episodio vuelve a abrir el debate político en Pinos Puente sobre la estabilidad del gobierno municipal formado tras la moción de censura.

El caso ha reactivado las críticas de la oposición y vuelve a situar en el centro de la discusión pública el pacto político que permitió a Izquierda Unida conservar la alcaldía con el apoyo del Partido Popular.