La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo
Granada
El Gobierno potencia la cultura de la muerte con un proyecto en Granada sobre «atención ética» en la eutanasia
El Ministerio de Sanidad y la Universidad de Granada suscriben un convenio de colaboración para profundizar en el suicidio asistido con una financiación conjunta de 616.500 euros
La cultura de la muerte continúa abriéndose paso en España de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez y, en este caso, además, con la ayuda de una universidad pública. El Ministerio de Sanidad y la Universidad de Granada (UGR) han suscrito un convenio de colaboración que impulsará la investigación, la formación y la evaluación de la muerte médicamente asistida –eufemismo de suicidio asistido– para mejorar la «atención ética» en la eutanasia.
El acuerdo entre el ministerio dirigido por Mónica García y CYBE-UGR, la unidad de investigación de la Universidad de Granada especializada en bioética, tiene una duración de tres años y cuenta con una financiación conjunta de 616.500 euros.
La Universidad de Granada aportará al convenio sus equipos investigadores y su experiencia consolidada en bioética, derecho sanitario y ciencias de la salud, mientras que el Ministerio de Sanidad contribuirá con 395.000 euros del presupuesto total y asumirá la coordinación con las comunidades autónomas y las sociedades científicas implicadas.
Uno de los ejes centrales del convenio es la creación de un «registro homogéneo y comparable entre comunidades autónomas sobre las distintas prácticas que tienen lugar al final de la vida», desde los cuidados paliativos hasta la misma eutanasia, regulada por ley en España desde 2021. El acuerdo prevé la recogida sistemática de datos y la homologación de bases de datos que permitan «realizar por primera vez análisis interterritoriales rigurosos y periódicos».
Según la UGR, «la fragmentación de la información dificulta en la actualidad detectar desigualdades en el acceso a los cuidados o identificar territorios en los que la aplicación de la normativa presenta carencias. El convenio busca corregir esta dispersión de datos mediante la creación de grupos de trabajo con sociedades científicas y la coordinación directa entre instituciones con competencias en políticas públicas de salud».
El acuerdo incorpora también «una perspectiva social, orientada a evaluar el grado de conocimiento y satisfacción de la ciudadanía en relación con la atención al final de la vida. A través de encuestas específicas, se analizará qué información posee la población sobre las opciones disponibles y cómo percibe la calidad de la atención recibida, con el objetivo de detectar posibles brechas entre la oferta del sistema sanitario y las expectativas o necesidades sociales».
El convenio contempla además que los destinatarios de esta formación incluyen personal investigador, profesionales sanitarios, gestores del ámbito de la salud y ciudadanía sin formación especializada.
La UGR afirma que «los resultados de la investigación servirán de base para el diseño de programas formativos ajustados a las necesidades detectadas, así como para la realización de estancias formativas y el asesoramiento a organismos públicos y privados en materia de bioética y final de la vida».
Las actuaciones se desarrollarán mediante programas de trabajo anuales que serán supervisados por una comisión de seguimiento mixta encargada de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y de dar visibilidad a los resultados obtenidos.
