Cajetines de pisos turísticos saboteados en Granada
Andalucía
La Junta acelera la retirada de pisos turísticos en Andalucía en pleno choque por la vivienda
Málaga, Cádiz o Granada concentran cientos de cancelaciones mientras crece la presión social y el debate político sobre el modelo turístico
La Junta de Andalucía ha intensificado en los últimos meses el control sobre las viviendas de uso turístico, con cientos de cancelaciones en distintas provincias en el arranque de 2026. La medida se enmarca en una estrategia para depurar el registro y perseguir alojamientos irregulares, en un contexto marcado por la creciente tensión en torno al acceso a la vivienda.
Las actuaciones se reparten por toda la comunidad, aunque destacan especialmente territorios con mayor presión turística como Málaga, Cádiz o Granada. En paralelo, el Gobierno andaluz ha reforzado la inspección con nuevos medios, incluida una unidad específica de vigilancia digital para detectar irregularidades en este tipo de alojamientos.
La ofensiva contra las viviendas turísticas forma parte de una estrategia más amplia de la Junta de Andalucía para depurar el registro autonómico, que en los últimos años ha acumulado miles de cancelaciones en toda la comunidad. El objetivo pasa por detectar alojamientos que operan sin cumplir los requisitos legales y reforzar el control en un sector que ha crecido de forma acelerada en la última década.
Málaga lidera las cancelaciones
Por provincias, Málaga encabeza el número de viviendas turísticas retiradas, con cerca de 700 cancelaciones en los primeros meses del año, seguida de Cádiz, que supera las 400. Granada se sitúa en un nivel intermedio, con más de 250 viviendas canceladas en la provincia y más de un centenar en la capital.
En el caso de las grandes ciudades, solo Sevilla supera a Granada en número de bajas, lo que refleja el impacto de estas medidas en los principales núcleos urbanos. Aun así, las cifras muestran una cierta desaceleración respecto al año anterior, cuando las cancelaciones fueron aún más elevadas en algunas provincias.
Inspecciones, denuncias y control
La mayoría de las cancelaciones responden a irregularidades detectadas en el registro, principalmente viviendas que no estaban dadas de alta o que no cumplían con los requisitos exigidos. En este sentido, las actuaciones de oficio de la administración han ganado peso y ya igualan a las denuncias presentadas por particulares o vecinos.
La Junta ha reforzado además su capacidad de control con más inspectores y herramientas digitales para rastrear la oferta ilegal, en un intento de ordenar un mercado que ha crecido de forma significativa en los últimos años.
Vivienda, tribunales y choque político
La ofensiva sobre los pisos turísticos coincide con un aumento del malestar social en muchas ciudades andaluzas, especialmente en los cascos históricos, donde la proliferación de estos alojamientos ha sido más intensa.
Este movimiento se produce en un contexto de creciente presión institucional y social sobre el modelo turístico en las ciudades andaluzas. La proliferación de viviendas de uso turístico en zonas tensionadas ha abierto un debate sobre su impacto en el acceso a la vivienda, con administraciones, tribunales y sector privado enfrentados sobre los límites y la regulación del fenómeno.
El debate ha llegado también a los tribunales. En Granada, el decreto municipal que paralizaba licencias fue anulado por el TSJA, mientras que en Málaga el mismo tribunal ha avalado limitar estas viviendas a un máximo del 8% en determinados barrios, justificándolo por la necesidad de proteger el acceso a la vivienda y la convivencia vecinal.
En paralelo, la regulación de los pisos turísticos se ha convertido en un nuevo frente político entre administraciones, en plena campaña electoral andaluza y con el trasfondo del conflicto competencial entre el Gobierno central y la Junta.
