Las víctimas de Adamuz recurren la decisión judicial de unir las acusaciones de la causa

La Asociación Descarrilamiento Víctimas Adamuz ha recurrido la providencia de la juez que investiga el accidente ferroviario en la que ordena la unificación de las 148 asociaciones personadas en la causa; una decisión que no convence al colectivo al considerarla «casi ridícula».

En declaraciones a EFE, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha precisado que esta unificación «no tiene cabida para nosotros de ninguna de las maneras, que si se presentan finalmente 200, 300 o 400 denuncias, no se puede, de ninguna forma, unificar en una sola».

Además, ha señalado que los miembros del colectivo se oponen a que puedan ser representados por un abogado que «ni conocemos, ni sabe cuáles son las necesidades de sus clientes; en cualquier caso, cada persona tiene una necesidad distinta, no solo por la responsabilidad penal, que ahí sí entiendo que pueda ser la misma, sino que por la responsabilidad civil cada persona tiene sus necesidades».

«Las características de cada situación son distintas ¿Cómo va a representarnos un solo abogado a todos nosotros, un señor al que nosotros no hemos pagado, no hemos concertado con él...? En fin, nos parece casi ridículo», ha añadido.

Samper ha incidido en que ayer presentaron el recurso a la providencia judicial y que están a la espera de una respuesta por parte de la juez. Esperan que esta «sea la marcha atrás y que, si tiene mucho trabajo, solicite ayuda de otros jueces o de la administración, porque esta fórmula, desde luego, no nos convence para nada».

El accidente de Adamuz, ocurrido en la tarde-noche del pasado 18 de enero, causó 46 muertos y cientos de heridos que ahora exigen justicia y que se conozca «toda la verdad» sobre lo sucedido. Para ello se personaron en la causa que instruye el juzgado de Montoro.

Recurso particular

La representación procesal de la familia Morillo, afectada por la muerte de Mario Jara Morillo, quien falleció en el siniestro ferroviario de Adamuz, ha interpuesto ante el Tribunal de Instancia de Montoro un recurso de reforma contra esta providencia que obliga a las acusaciones particulares del caso a unificarse bajo una sola dirección letrada.

Según han explicado desde la dirección letrada, se produce «vulneración de derechos fundamentales», dado que «la medida judicial vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, al restringir la facultad de las víctimas de elegir libremente a su abogado».

En este sentido, han remarcado que «la imposición de una dirección letrada única supone una restricción directa de este derecho fundamental, al obligar a las perjudicadas a someter su estrategia procesal a un letrado no elegido por ellas».

El escrito invoca además el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconoce el derecho a la libre designación de letrado, «proyectable también sobre las acusaciones particulares como titulares de la acción penal y civil».

También han cuestionado «la interpretación extensiva del artículo 113 de la LECrim, que permite unificar representaciones cuando lo exija la buena marcha del procedimiento», de manera que han argumentado que «la resolución judicial no acredita la existencia de perturbación real del proceso, ni la imposibilidad de adoptar medidas menos restrictivas, convirtiendo una facultad excepcional en una regla general».

Igualmente, han manifestado que «entre los argumentos centrales figura la carencia de motivación suficiente, en contravención del artículo 120.3 de la Constitución, ya que la providencia se limita a invocar genéricamente la economía procesal sin concretar qué perjuicios procesales se están produciendo».

En este sentido consideran que «la medida es desproporcionada al no superar el juicio de proporcionalidad: existen alternativas menos restrictivas, puede generar conflictos de interés entre perjudicadas y el sacrificio del derecho de defensa es superior al beneficio organizativo».

Ante ello, el recurso solicita que «se deje sin efecto el requerimiento de unificación obligatoria, con expresa declaración del derecho de las representadas a mantener los profesionales libremente designados».