Los fracasos en Cádiz siembran dudas en las barreras de Marlaska contra las narcolanchas en el Guadalquivir

El Ministerio del Interior y la Autoridad Portuaria de Sevilla ya han firmado el convenio que permitirá destinar más de 12 millones de euros a la instalación de unas barreras móviles para frenar el avance de narcolanchas en el río Guadalquivir. Sin embargo, el proyecto, anunciado la semana pasada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, nace rodeado de dudas sobre su eficacia real y la capacidad de las autoridades para garantizar su funcionamiento.

Parte de las dudas se sustentan en proyectos anteriores en la provincia de Cádiz. Uno de estos precedentes es la barrera instalada en 2016 en la desembocadura del río Guadarranque, entre San Roque y Los Barrios, municipios del Campo de Gibraltar. Aquella infraestructura fue promovida por el Ministerio del Interior para impedir el acceso de las narcolanchas a una zona especialmente castigada por la actividad de los clanes de la droga.

Según la documentación técnica, el soporte defensivo cuenta con 25 pilotes de acero rellenos de hormigón para fijar su posición. Los tubos tienen 80 centímetros de diámetro y 1,2 centímetros de espesor, separados unos de otros por 2,4 metros, espacio en el que se instalaron dos barreras en forma de zigzag. No obstante, su rendimiento quedó pronto en entredicho.

Las barreras del Guadarranque sufrieron diversos actos de sabotaje poco después de entrar en funcionamiento. Los daños provocados permitieron reabrir pasos para pequeñas embarcaciones y obligaron a acometer sucesivas reparaciones. Así, y con el paso del tiempo, esta actuación se ha convertido en el ejemplo que ponen siempre los sindicatos policiales para cuestionar la utilidad de este tipo de infraestructuras como respuesta principal ante el narco.

A ese antecedente se suma otro aún más antiguo. En Barbate se instaló en 2001 una barrera con un presupuesto de 210.000 euros que permaneció operativa durante varios años. Sin embargo, acabó siendo destruida por los narcotraficantes.

La propia morfología del Guadalquivir añade además un elemento de especial complejidad. A diferencia del Guadarranque, se trata de un río navegable, con tráfico comercial hacia el puerto de Sevilla y, también, con numerosos ramales, caños y zonas de marismas. De hecho, esta configuración ha sido aprovechada durante años por los narcos para ocultarse, almacenar material y, en definitiva, dificultar la acción de las fuerzas de seguridad.

Así las cosas, el Guadalquivir se ha convertido en los últimos años en toda una autopista de la droga. De hecho, se han visto narcolanchas a la altura incluso de Sevilla capital. Por ello, los profesionales han recibido el anuncio del ministro Fernando Grande-Marlaska con cautela. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han señalado que cualquier medida que complique la actividad de las mafias resulta positiva, pero advierten de que, sin más recursos, podría convertirse en «un mero parche».

La AUGC reclama la declaración de Zona de Especial Singularidad en los territorios más afectados por el narcotráfico, así como reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo. La organización considera que el narcotráfico representa ya «una amenaza directa a la seguridad» y señala también que la reciente muerte de dos guardias civiles en la persecución a una narcolancha frente a la costa de Huelva evidencia la gravedad del fenómeno.

La asociación Jucil también ha valorado favorablemente la iniciativa y ha expresado su confianza en que pueda ponerse en marcha en cuestión de semanas. No obstante, insiste en que las barreras deben integrarse dentro de una estrategia más amplia, que incluya refuerzos de plantilla, mejores medios marítimos y tecnológicos, así como una mayor seguridad jurídica frente a unas organizaciones criminales cada vez más violentas.

Con este escenario sobre la mesa, la nueva barrera del Guadalquivir se enfrenta al reto de demostrar que puede ser algo más que una medida puntual y anunciada ante la presión de los profesionales ante la reciente muerte de dos guardias civiles en Huelva o el robo de las embarcaciones de la Armada en Barbate, escenario también del asesinato de los agentes arrollados por una narcolancha en febrero de 2024. Solo así se podrá acabar con el narco.