Los rellenos de Gibraltar avanzan sin freno en aguas españolas ante la pasividad del Gobierno de Sánchez

Los rellenos constituyen uno de los cabos sueltos del tratado de Gibraltar, firmado con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez. Más de mil páginas articulan la relación del Peñón con España tras el Brexit, pero ninguna aborda expresamente esta práctica de expansión territorial y menos aún el proyecto Eastside, una macrourbanización con 1.400 viviendas de lujo y un puerto para megayates que se levanta sobre aguas españolas.

Todo el debate jurídico sobre los rellenos se remonta al mismísimo Tratado de Utrecht (1713), por el cual Felipe V cedió a la Corona británcia «la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas», pero no el istmo –donde hoy se encuentra el aeropuerto– ni las aguas que rodean el Peñón. Sobre esa base, España sostiene que el Reino Unido carece de soberanía sobre el espacio marítimo donde se producen los rellenos.

Sin embargo, el Tratado de Utrecht no es más que papel mojado para el Gobierno colonial. Las autoridades llanitas reivindican esas aguas como propias. Entienden que les pertenecen tres millas náuticas como territorio ribereño, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que «esta disposición no será aplicable cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma».

Las operaciones de relleno de Gibraltar se centran desde hace años en la zona este, donde se levantan las torres Hassan, un imponente conjunto de seis rascacielos con 665 viviendas, perfectamente visibles desde las playas de La Línea de la Concepción. No obstante, el conflicto diplomático adquirió una nueva dimensión con Eastside, el mayor proyecto urbanístico impulsado hasta la fecha en la fachada oriental del Peñón.

El Gobierno colonial de Fabián Picardo adjudicó en 2021 esta actuación a TNG Global Foundation, que prevé invertir 330 millones de libras esterlinas para construir dos grandes muros de contención, un puerto deportivo con capacidad para megayates, 400 amarres para pequeñas embarcaciones, un aparcamiento de 500 plazas y una promoción inmobiliaria que combina viviendas de lujo con un centenar de pisos asequibles. El proyecto obtuvo el permiso inicial de construcción en agosto de 2022.

Según ha podido comprobar in situ El Debate, las operaciones de relleno avanzan sin freno tras la firma del tratado de Gibraltar. Camiones descargan sobre el fondo marino toneladas de piedra y arena que proceden mayormente, según han denunciado formalmente colectivos ecologistas, de la cantera del Torcal de la Utrera, ubicada en Casares (Málaga). Los rellenos afectan a la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, un espacio integrado en la Red Natura 2000 que protege 23.642 hectáreas de elevado valor ecológico.

La contestación social ha sido liderada por Verdemar-Ecologistas en Acción, cuyas denuncias propiciaron que la Fiscalía de Algeciras abriera una investigación en abril de 2025. El Ministerio Público presentó una denuncia criminal al apreciar «indicios racionales de ilícito penal como consecuencia de la ejecución de obras consistentes en el relleno con piedras de escombreras en la zona norte de la costa este de Gibraltar», dentro de un espacio protegido.

La Fiscalía consideró que podían haberse cometido delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, al entender que las obras habrían causado «graves daños en las aguas marítimas, así como en las especies que allí habitan». No obstante, el juzgado de La Línea archivó posteriormente la causa y exigió a Verdemar una fianza de 10.000 euros para ejercer la acusación popular.

El archivo no cerró definitivamente el procedimiento. La Fiscalía de Medio Ambiente recurrió la decisión y el futuro del caso depende ahora de la Audiencia de Cádiz, que deberá decidir si ordena reabrir la investigación. Mientras tanto, las obras continúan y alimentan las críticas de quienes consideran insuficiente la respuesta institucional ante una actuación que afecta a un espacio cuya soberanía sigue siendo objeto de disputa.

El Gobierno de España niega haber renunciado a sus derechos. Sin embargo, ha pasado ya más de un año de la última vez que un miembro del Ejecutivo se pronunció al respecto. Fue el 25 de junio de 2025, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, donde el secretario de Estado Diego Martínez Belío afirmó que Eastside se desarrolla sobre aguas españolas y constituye «una violación de la soberanía y de la integridad territorial de España», además de una «transgresión» de la normativa medioambiental.

Martínez Belío aseguró que el Ejecutivo había protestado «formalmente ante el Reino Unido a través de nota verbal y carta en numerosas ocasiones» para evitar que pueda interpretarse una aceptación tácita de la situación desde el punto de vista del Derecho internacional. También afirmó que el Ministerio para la Transición Ecológica seguía recopilando información para estudiar posibles sanciones administrativas, aunque un año después no se han anunciado medidas concretas.

El Gobierno colonial, por su parte, defiende que su política de rellenos responde a una necesidad habitacional. «No tenemos más remedio: Gibraltar tiene que seguir expandiéndose para albergar a su población», afirmó el año pasado Picardo para justificar una expansión territorial que el flamante tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, con la pasividad de España, no resuelve.