El fin de las colas en la Verja encubre la oportunidad perdida de España sobre la soberanía de Gibraltar

Dicen que todo en esta vida es cuestión de prioridades, una máxima que también se aplica al tratado de Gibraltar. España ha perdido la oportunidad de avanzar en el reconocimiento de la soberanía nacional sobre el Peñón. El Gobierno de Pedro Sánchez ha priorizado el derribo de la Verja que facilita la libre circulación de personas y mercancías, un alivio para los miles de españoles que cruzan a diario la frontera para trabajar en la colonia británica.

El fin de las colas en la Verja encubre la renuncia del Gobierno de Sánchez a la reivindicación española sobre Gibraltar, entre otros intereses nacionales, como una delimitación de las aguas territoriales que acabe con los rellenos, estrategia de expansión de la colonia británica para ganar terreno al mar, o una aclaración sobre el estatus de la base militar de la RAF en el aeropuerto, levantado sobre territorio no cedido en el Tratado de Utrecht (1713).

En el acto de demolición de la Verja, como así lo bautizaron desde la Moncloa, el presidente del Gobierno pasó de puntillas por la reivindicación sobre la soberanía de Gibraltar, en consonancia con lo negociado durante más de cinco años. «Dialogamos sin renunciar a nuestros principios, como la posición de España en la cuestión de Gibraltar, siempre alineada con el interés nacional y, por supuesto, con el pleno respeto al Derecho Internacional», afirmó Sánchez.

La alusión del presidente del Gobierno al Derecho Internacional se refiere al proceso de descolonización de Gibraltar. Naciones Unidas ha señalado que, en este caso particular, no es aplicable el principio de libre determinación de los pueblos, pues se rompería la integridad territorial de España. Solo cabe la restitución de la soberanía española, según la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada en 1960 por la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el cortoplacismo, la práctica política del golpe de efecto y el hartazgo ciudadano ante las colas en la Verja se han impuesto sobre el Derecho Internacional y una disputa histórica de más de tres siglos que continúa sin resolverse y que, al menos por ahora, queda expresamente fuera del nuevo marco de relaciones.

Este cambio de prioridades marcó los más de cinco años de negociaciones entre España, el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit y ha quedado plasmado en el tratado de Gibraltar, que ha supuesto el derribo de la Verja, esa imagen de dos grúas de Tragsa –la empresa estatal de obras y servicios– descolgando y retirando las dos puertas de hierro que han marcado históricamente la frontera física entre La Línea y el Peñón.

Los principales beneficiarios son los más de 15.000 trabajadores transfronterizos, la mayoría residentes en La Línea, aunque también procedentes de San Roque, Algeciras o Los Barrios. Para ellos, el derribo de la Verja, el efecto más inmediato del acuerdo, supone poner fin a décadas marcadas por la incertidumbre de que cualquier desencuentro diplomático entre España y el Reino Unido volviera a traducirse en largas esperas para cruzar la frontera.

Jesús, un linense de mediana edad que trabaja en el Peñón, es uno de estos beneficiarios. «Yo digo siempre 'Gibraltar, español' –aquí no, que se lía–, pero de momento me conformo con no aguantar más colas», afirmó este jueves en declaraciones a El Debate mientras cruzaba alegremente la frontera. Ahora le preocupa cómo afectará el tratado a su futura pensión, señalando que él paga impuestos tanto en La Línea como en Gibraltar.

Más allá de cuestiones políticas o diplomáticas, la realidad es que ya no tiene que enseñar el DNI al pasar por el pasillo de la aduana de Gibraltar, que por momentos se vaciaba, una imagen insólita hasta ahora. «Parece mentira», nos comentaba otra linense que trabaja en el Peñón. Para ella, la Verja era ya «un atraso». Los llanitos, en su caso, no tienen que mostrar el pasaporte a la Policía Nacional para pisar La Línea.

Controles dobles

La Verja ha dejado de ser la frontera exterior del espacio Schengen con la aplicación provisional del tratado, firmado el martes entre los líderes negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido. Los controles Schengen (UE) se trasladan al aeropuerto y el puerto de Gibraltar, donde operan tanto policías españoles como llanitos. En lo que respecta al aeródromo, supone un reconocimiento de (co)soberanía británica sobre el istmo que no se recoge por escrito.

El nuevo sistema establece controles dobles para quienes lleguen a Gibraltar por vía aérea o marítima. En primer lugar, las autoridades gibraltareñas verifican el cumplimiento de la normativa propia de la colonia. Posteriormente, la Policía Nacional realiza los controles Schengen. Se trata de un modelo sin precedentes, ya que no existe otro territorio situado fuera de la Unión Europea en el que se aplique una fórmula de gestión compartida de la frontera exterior.

Todo ello (y mucho más) es resultado del tratado de Gibraltar, que trajo la 'nueva normalidad' a toda la comarca del Campo de Gibraltar. Ha entrado en vigor, ojo, solo de forma provisional, pues aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo. Pero, salvo sorpresa mayúscula, ya no hay vuelta atrás: desaparece la Verja y la reivindicación española sobre la soberanía del Peñón queda, una vez más, relegada a un segundo plano.