Ex alcaldes del PSOE de Carboneras recurren la anulación de la licencia del Algarrobico y eternizan el problema

El ansiado derribo de El Algarrobico afronta un nuevo episodio en su eterna batalla judicial. Tras aprobar el Ayuntamiento de Carboneras en julio de 2026 la anulación de la licencia de obras concedida a la promotora en 2003, la inmobiliaria –Azata del Sol– y la oposición municipal han presentado hasta cuatro recursos contra ella, lo que sin duda, volverá a retrasar la entrada de las excavadoras para tumbar este hotel ilegal.

Y es que esa ansiada anulación, que provocó un tsunami político en el seno del PSOE de Almería, es un paso imprescindible para poner fin a la mole en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La empresa promotora del hotel, a la que un Ayuntamiento entonces gobernado por los socialistas concedió hace más de 23 años la licencia para levantar un establecimiento de cuatro estrellas en plena playa de El Algarrobico sobre terrenos no urbanizables y de especial protección, así como tres exalcaldes, han recurrido a la decisión del Consistorio carbonero.

Así, al recurso de Azata del Sol hay que sumar los de el exalcalde y concejal no adscrito Felipe Cayuela; el exalcalde y edil expedientado por el PSOE junto a otros dos concejales, José Luis Amérigo; y el exalcalde socialista Cristóbal Fernández, tío del anterior. Fue bajo su mandato, en enero de 2003, cuando el Ayuntamiento de Carboneras otorgó la licencia para levantar el hotel que ahora el Pleno se afana en anular. Todos ellos se ausentaron de aquella votación que por fin aprobó revocar dicho permiso gracias al voto afirmativo de los ocho representantes presentes: el alcalde, Salvador Hernández, de Ciudadanos, cuatro ediles del PP y otros tres representantes socialistas.

Sainete y expedientes

Aquel histórico pleno del 7 de julio estuvo marcado por una profunda división política donde el grupo más retratado fue precisamente el socialista. Instantes antes de la votación, Amérigo, Cayuela y otros ediles abandonaron el salón de plenos argumentando la ausencia de informes sobre el riesgo patrimonial para el municipio en el caso de que haya que indemnizar a la promotora por el futuro derribo. El alcalde reiteró que «no ha lugar a esos informes» porque esta petición «ha sido una estrategia clara para tratar de dilatar en el tiempo» este procedimiento ya que, no siendo necesarios ni el momento de hacerlos, ponerse a ello implicaría que «podría tardarse meses para ejecutarlos».

Ante el desplante de sus ediles, el PSOE-A adoptó «medidas reglamentarias» por no cumplir con lo marcado por el partido, abriendo un expediente a los cinco en cuestión «por no respetar las directrices de los órganos» de la formación, que según sus dirigentes actuales, pasan por cumplir las resoluciones judiciales para que el Ayuntamiento anule la dichosa licencia.

A raíz de ese primer bloqueo plenario, la Fiscalía Provincial de Almería incoó el pasado mes de agosto diligencias de investigación preprocesales para esclarecer la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de los siete ediles que votaron a favor del aplazamiento, tras admitir a trámite una denuncia de la asociación ecologista Salvemos Mojácar.

La formalización de estos cuatro recursos se produce mientras el Gobierno central y la Junta de Andalucía mantienen el mandato de coordinar, a través de una comisión mixta, la hoja de ruta técnica y económica para acometer la demolición del hotel y la posterior restauración ambiental de la zona protegida.