La UCO cifra en 3,5 millones lo cobrado por ocho enchufados del PSOE en la Faffe que ya son fijos en la Junta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado casi 3,5 millones de euros brutos abonados en concepto de salarios a diez antiguos trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) cuyos procesos de contratación están bajo investigación al ser presuntamente enchufados por sus vínculos con el PSOE. Ocho de ellos continúan actualmente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como empleados fijos, tras la estabilización de sus contratos.

Los datos aparecen en un informe de 231 páginas remitido al juzgado de instrucción encargado de investigar la denominada causa Formación. El documento, entregado el pasado 29 de julio al magistrado José Ignacio Vilaplana y adelantado por ABC, analiza diez expedientes de contratación y concluye que los procedimientos presentaron numerosas anomalías. Los investigadores consideran que en varios casos las incorporaciones respondieron a decisiones «arbitrarias» y «discrecionales».

La investigación judicial forma parte de una causa más amplia sobre presuntas contrataciones irregulares que afectan a 84 antiguos empleados de la Faffe. El análisis de la UCO pone el foco en trabajadores que habrían accedido a la fundación mediante procedimientos alejados de los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos por la normativa aplicable a las fundaciones públicas desde 2005.

Según el informe, en varios expedientes ni siquiera existe documentación que permita acreditar la celebración de un proceso selectivo efectivo. Cuando sí aparecen indicios de algún procedimiento, los agentes señalan que este no habría respetado las exigencias legales. No constan, en distintos casos, pruebas de conocimientos, valoraciones curriculares, ejercicios prácticos o exámenes psicotécnicos. En ocasiones, la selección habría quedado reducida a una entrevista personal.

La UCO también aprecia anomalías en las condiciones posteriores a la contratación. Los trabajadores fueron incorporados como personal laboral temporal, una fórmula que, según el informe, «estaba permitida solo en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes que no pudieran ser atendidas por personal laboral fijo». En algunos casos, sin embargo, «se sobrepasó holgadamente» el límite legal de 12 meses consecutivos.

Las irregularidades analizadas adquieren especial relevancia porque varios de los beneficiarios terminaron integrándose en la Administración autonómica tras la desaparición de la fundación.

Entre los casos examinados destaca el de Rocío R. R., contratada como técnico A en marzo de 2010, pocos meses antes de que se acordara la extinción de la Faffe. De acuerdo con las cifras recogidas por los investigadores, sus retribuciones acumuladas alcanzan los 588.781 euros, la cantidad más elevada entre los diez expedientes estudiados.

Su incorporación se produjo después de quedar vacante la plaza ocupada anteriormente por Ramón Díaz Alcaraz, exdiputado autonómico del PSOE que estuvo bajo investigación en 17 piezas de la macrocausa de los ERE durante casi una década, hasta ser finalmente absuelto.

Otro de los aspectos señalados por los agentes afecta a dos contrataciones realizadas después de que el Gobierno andaluz aprobara la disolución de la fundación y el traspaso de su plantilla al SAE. Ramón H. R. fue incorporado cinco días después de aquella decisión, y María Araceli G. E., dos meses más tarde. Para la UCO, estas incorporaciones pudieron perseguir únicamente garantizar que ambos fueran posteriormente «ser subcontratadas en el SAE».

Los otros dos expedientes presentan circunstancias diferentes. Antonio J. A. A., hijo de una antigua parlamentaria socialista, falleció en 2022, mientras que otra de las personas investigadas dejó la Faffe en 2009, antes de su extinción.

Los investigadores sitúan estas contrataciones en una entidad que recibió alrededor de 300 millones de euros de fondos públicos durante los ocho años que permaneció activa, entre 2003 y 2011, para –en teoría– llevar a cabo programas de formación para desempleados. Según la UCO, algunos responsables intercambiaron correos para identificar a personas relacionadas con cargos del PSOE y facilitar su incorporación, llegando a ordenar «destruir» los mensajes después de leerlos.

Uno de los documentos destacados por la investigación es un correo enviado el 16 de marzo de 2011 por Antonio Jiménez Cuenca, entonces director de Recursos Humanos de la Faffe, a la adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas donde se incluía «un listado de personas vinculadas familiarmente a cargos del PSOE» para su colocación.

Los otros dos expedientes presentan circunstancias diferentes. Antonio J. A. A., hijo de una antigua parlamentaria socialista, falleció en 2022, mientras que otra de las personas investigadas dejó la Faffe en 2009, antes de su extinción.

En el conjunto de los diez casos, las cantidades percibidas alcanzan los 3.480.200 euros brutos, aunque las remuneraciones varían en función de las categorías profesionales y del tiempo que cada empleado permaneció en la Administración.

Fijos en el SAE

La situación contractual de los ocho trabajadores que permanecían en el SAE cambió el 31 de octubre de 2024, cuando sus contratos temporales fueron transformados en fijos mediante un concurso de méritos. El procedimiento, convocado en diciembre de 2022 para estabilizar a 1.297 interinos, tuvo en cuenta la antigüedad acumulada desde la incorporación a la Faffe y no contempló la realización de exámenes.

El expediente coincide además con otra actuación de la Junta relacionada con antiguos trabajadores de la Faffe. En julio de 2025, la Consejería de Empleo, dirigida por Rocío Blanco, comenzó el cese de 23 empleados del SAE, 22 de ellos procedentes de la fundación, al considerar que no reunían la titulación requerida para los puestos que habían desempeñado durante más de una década.

La investigación deberá determinar ahora si estas irregularidades tienen relevancia penal y si existen responsabilidades individuales. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ya imputó en enero de 2025 a 21 antiguos cargos de la Faffe y responsables de empresas proveedoras por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La fundación estuvo dirigida por Fernando Villén, condenado en 2023 a seis años de prisión por gastar 32.556 euros de fondos públicos en prostíbulos mediante tarjetas oficiales.