Rechazan reabrir la causa contra los mandos de la Guardia Civil por el asesinato de los dos agentes en Barbate

El Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha rechazado la petición de reabrir la causa contra los mandos de la Guardia Civil por el asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González, los dos agentes arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño el 9 de febrero de 2024.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el rechazo se produce en virtud de lo ya acordado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que archivó la causa, y una providencia anterior del propio juzgado en la que se archivaba el procedimiento, dado lo acordado por la Audiencia, que concluyó que los únicos responsables de las muertes de los dos agentes fueron los tripulantes de la narcolancha.

Sin embargo, la familia de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles asesinados, anunció que iba a solicitar que se reabriera la causa contra los mandos del Instituto Armado que supuestamente dieron la orden de acudir esa noche al lugar al tener «nuevas pruebas» sobre el caso.

Miguel Lozano, abogado de la familia del guardia civil gaditano, explicó en declaraciones a Europa Press que se había aportado una grabación de audio que «no era conocida con anterioridad en el curso de procedimientos», por lo que «debe admitirse» para sustentar esta reapertura del caso contra quienes serían «responsables» de haber ordenado el operativo de Barbate.

El abogado lamentó que en el anterior proceso, que fue archivado, el Ministerio Fiscal se opusiera a que se aportaran evidencias como audios porque «vulneraban el derecho a la intimidad de otras personas» que aparecían en esas llamadas que trataron de aportarse. En aquel momento se «impidió» que se presentaran estas pruebas, pero Lozano se mostró confiado de que ahora no pasaría lo mismo porque «la presión mediática es muy fuerte». Pero no ha sido suficiente.

La Audiencia Provincial de Cádiz archivó en noviembre las diligencias contra el coronel de la Comandancia en Cádiz y el general de Guardia Civil de Andalucía, a los que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acusaba de ser «responsables de dar la orden en el operativo de Barbate».

De los cuatro tripulantes de la narcolancha que embistió a la zodiac de la Guardia Civil aquella noche, tres ya están en prisión provisional, uno de ellos Karim El Baqqali, el piloto de la embarcación que fue arrestado el pasado 19 de septiembre de 2024, fecha en la que fueron solicitadas órdenes internacionales de detención sobre los otros dos varones encarcelados y un tercer tripulante, que todavía queda por localizar. A todos ellos se les atribuyen dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito pertenencia a organización criminal.

Karim El Baqqali fue detenido después de que el pasado mes de mayo un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que patrullaba Kiko el Cabra fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a estos dos agentes. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barbate descartana la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos incialmente, entonces en prisión por estos hechos.

Informe de intencionalidad

Por otro lado, el juez que investiga el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate ha solicitado un informe pericial para determinar si el piloto de la embarcación intentó o no esquivar la colisión con la patrullera.

En una providencia fechada el pasado 9 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, y que ha adelantado este jueves El País, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate pide un informe «detallado» de un perito «experto en materia de navegación marítima» que, «tras un examen minucioso y pormenarizado de cada uno de los archivos de vídeo obrantes en la causa», determine la posibilidad o probabilidad de que la narcolancha «hubiera intentado evitar o esquivar la colisión con la patrullera de la Guardia Civil que fue arrollada».

El juez pide que el perito analice, «si fuera posible», «la actuación del piloto de la embarcación de alta velocidad en los instantes previos, coetáneos y posteriores a la colisión». Con ello trata de determinar la intencionalidad del piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, en sus maniobras cuando embistió a la lancha patrullera de la Guardia Civil, lo que podría determinar si se modifican las acusaciones que pesan sobre él, de dos delitos de asesinato y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, entre otros.

Si se determinara que la intencionalidad de la maniobra no fue embestir la narcolancha y que, como declaró al juez el acusado tras entregarse, fue «un accidente», la calificación de delito podría cambiar a homicidio.

Los informes de la Guardia Civil, tras el exhaustivo visionado de los videos del suceso, entre ellos la cámara Go-Pro que llevaba uno de los agentes, han apuntado a que la narcolancha «fue objeto de al menos siete embestidas» a lo largo de 2:42 minutos, en una acción «coordinada» con otras que había en la zona.