Gibraltar alinea sus leyes medioambientales con Europa sin detener los rellenos en aguas españolas

El Gobierno colonial de Gibraltar ha comenzado a modificar toda su legislación medioambiental para alinearse con las exigencias de la normativa europea. Esta reforma no afectará a los rellenos sobre aguas españolas, ya que tampoco lo exige el tratado acordado entre la Unión Europea y el Reino Unido con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Dicho acuerdo, que contempla la desaparición de la Verja como medida estrella, debe ser ratificado aún por el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Parlamento británico. No obstante, el Gobierno de Fabián Picardo ha decidido no esperar e iniciar los cambios legislativos que le competen. El pasado jueves dio un primer paso con la publicación de cuatro reglamentos y cinco proyectos de ley.

El paquete legislativo, que se ampliará con medidas adicionales en las próximas semanas, según el Gobierno colonial, incluye tanto modificaciones de leyes ya existentes como nuevas normas, entre las que destaca el Proyecto de Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece un marco integral para la restauración de ecosistemas degradados en entornos terrestres, de agua dulce, costeros y marinos.

Se trata de una norma que «refleja el reconocimiento por parte del Gobierno de que la protección de la biodiversidad y la acción climática están intrínsecamente vinculadas, y de que los ecosistemas sanos y funcionales desempeñan un papel vital en el mantenimiento y la mejora de los sumideros naturales de carbono».

Además, la normativa aborda cuestiones como el desarrollo de infraestructuras de combustibles alternativos, la promoción de vehículos limpios, la regulación de sustancias que afectan a la capa de ozono y la mejora de la eficiencia energética en edificios. Paralelamente, el Gobierno colonial trabaja en futuras medidas relacionadas con objetivos de energías renovables, de calidad del aire y para la reducción de plásticos de un solo uso.

Sin embargo, ninguna de estas iniciativas frena o frenará los rellenos que impulsa el propio Gobierno colonial sobre aguas españolas para ganar terreno y continuar así su expansión urbanística, ni el suministro de combustible a buques en aguas protegidas o los vertidos de aguas residuales al Estrecho y la Bahía de Algeciras, cuestiones que, por otra parte, tampoco aparecen de forma específica en el tratado de Gibraltar.

Denuncia de los ecologistas

En este contexto, la organización Verdemar-Ecologistas en Acción ha denunciado recientemente que el acuerdo supone «la desprotección efectiva» de unas 25.000 hectáreas de la Red Natura 2000. Según la entidad, el texto facilita actividades marítimas potencialmente contaminantes dentro de espacios protegidos, especialmente en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental.

Los ecologistas afirman que, aunque el tratado «no contiene un capítulo específico sobre fondeaderos, rellenos o bunkering», sí incluye «disposiciones aduaneras que consolidan y facilitan actividades marítimas de alto impacto en un espacio protegido europeo, sin introducir salvaguardas ambientales adicionales». En particular, alertan de que el texto «contempla expresamente» el suministro de combustible a buques dentro de procedimientos aduaneros especiales entre Gibraltar y la Unión Europea.

El tratado tampoco regula proyectos como el Eastside, una urbanización de lujo prevista en la costa oriental de Gibraltar sobre rellenos en aguas españolas. Según los ecologistas, parte de las obras afectan a la ZEC del Estrecho Oriental, lo que implicaría la ocupación de una parte significativa del espacio protegido. También avisan de posibles alteraciones en los fondos marinos y de «riesgos asociados al uso de materiales de relleno y posibles afecciones a la calidad del agua».