El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acude a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz tras el asesinato de dos agentes en Barbate (archivo)

El ministro Fernando Grande-Marlaska acude a la Comandancia de Cádiz tras el asesinato de dos agentes en Barbate (archivo)Joaquín Corchero | Europa Press

Cádiz

El Supremo rechaza una querella contra Marlaska por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate

El Alto Tribunal argumenta que la toma de decisiones del Gobierno «no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no fue la más adecuada»

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate.

Fue el pasado noviembre cuando la asociación Libertad y Justicia presentó una querella por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos públicos, prevaricación administrativa, delitos contra los derechos de los trabajadores en materia de seguridad laboral, obstrucción a la Justicia y ocultación de pruebas.

Para el Supremo, «resulta evidente que la querella carece de base fáctica y jurídica que justifique su encaje penal y que la tipicidad penal brilla por su ausencia», pues «en el derecho penal español no existe la responsabilidad penal por el desempeño de un cargo».

Al respecto, explica que «la acción de gobierno se caracteriza por la toma de numerosas decisiones discrecionales, en cumplimiento de programas políticos o mandatos de actuación normativizados que pueden, en efecto, generar descontento o rechazo».

No obstante, «la toma de decisiones discrecionales de un presidente de Gobierno –en este caso, de un ministro– no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos programados».

Esta decisión se produce cuando, por otra parte, el Tribunal de Instancia de Barbate ha ordenado la apertura de juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, el piloto de la narcolancha, y Yassine El Morabet. Otros dos tripulantes marroquíes serán juzgados en un procedimiento diferente.

A El Baqqaly se lo acusa de dos delitos de asesinato consumado y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, y a El Morabet, de seis delitos de atentado agravado, ya que mientras el piloto de la narcolancha embestía la lancha de los agentes, este les enfocó con un puntero láser en varias ocasiones «para reducir su visión».

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