Un jurado juzgará por asesinato al piloto de la narcolancha de Barbate: las claves del juicio

El juez del caso Barbate ha dado por concluida la investigación con un auto en el que establece que un jurado popular será quien juzgue a los tripulantes de la narcolancha que arrolló a los guardias civiles y en el que también plantea una reconstrucción de los minutos previos a la embestida mortal; un elemento clave para comprender la gravedad de los hechos.

Según el auto judicial, durante nueve minutos, entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024, los guardias civiles fueron objeto de un acoso continuado por parte de la narcolancha. Este hostigamiento sostenido en el tiempo acabó en la acometida que les costó la vida a Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo.

Todo comenzó cuando seis agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el puerto de Barbate a bordo de una zódiac tras detectar la presencia de varias narcolanchas refugiadas allí del temporal. Fue entonces cuando una de ellas, patroneada por Karim El Baqqaly, comenzó a moverse de forma reiterada alrededor de la embarcación policial, iniciando una secuencia de maniobras que el magistrado interpreta como preparatorias del ataque final.

El auto describe cómo la goma realizó varias aproximaciones a escasos metros de la zódiac de la Guardia Civil. Esas maniobras, previas al choque, permitieron al piloto medir distancias, comprobar la posición exacta de la embarcación oficial y generar una situación de amenaza constante. Para el juez, resultan determinantes para descartar cualquier hipótesis de accidente o reacción impulsiva.

Llegado el momento, la narcolancha «se alejó a una distancia suficiente que le permitió volver hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes a gran velocidad y sin desviar la trayectoria para, finalmente, colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial».

En el auto también se destaca el papel de Yassine El Morabet, quien acompañaba al piloto de la narcolancha y quien será juzgado por seis delitos de atentado agravado contra la autoridad. El juez señala que, mientras se producían las aproximaciones previas, enfocó a los agentes con un puntero láser «para reducir su visión» y limitar aún más su respuesta, aunque «no consta» que lo hiciera en el momento exacto de la embestida.

El juez considera que el piloto actuó a sabiendas de que los tripulantes de la zódiac eran agentes de la autoridad, así como «sus escasas posibilidades de defenderse del ataque», debido a «la diferencia de tamaño y envergadura entre ambas embarcaciones». Ese conocimiento refuerza la imputación de Karim El Baqqaly por dos delitos de asesinato consumado y cuatro en grado de tentativa.

El resultado de la embestida fue la muerte de los agentes Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, además de lesiones físicas y psíquicas de diversa consideración en los otros cuatro guardias civiles. La embarcación oficial sufrió daños materiales valorados en 22.942 euros, que se suman a las consecuencias personales y profesionales para los supervivientes.

Con la instrucción ya finalizada, el juez ha ordenado la apertura de juicio ante un jurado popular y ha impuesto a El Baqqaly una fianza de 3.300.000 euros para asegurar las responsabilidades civiles. La cuantía incluye no solo las indemnizaciones por las muertes y las lesiones, sino también otros posibles perjuicios, en una causa que sitúa esos nueve minutos de acoso como el núcleo del relato penal.