La Justicia archiva la causa de los rellenos de Gibraltar y deja su reapertura en manos del Gobierno

El juzgado de La Línea de la Concepción (Cádiz) que investiga la ocupación de aguas españolas por parte de Gibraltar ha archivado de forma provisional la denuncia por delitos ambientales en los rellenos realizados en la cara este del Peñón. El auto señala que el proceso ha llegado a un «punto muerto» porque el Gobierno colonial no permite investigar la zona marítima afectada.

El archivo no es definitivo. El procedimiento podría reabrirse si se obtienen indicios suficientes o se identifica a los responsables de los rellenos. Este paso le corresponde darlo a la Fiscalía o al Gobierno de España; es decir, la reapertura queda ahora, indirecta o directamente, en manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La causa nació de una denuncia presentada por la Fiscalía de Algeciras (Cádiz) en mayo de 2025, después de recibir la documentación remitida por Verdemar-Ecologistas en Acción a la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público pidió entonces investigar si los rellenos –realizados con piedras, escombros y otros materiales– podían constituir delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales, teniendo en cuenta que se producen en una zona protegida.

La investigación afectaba a un área declarada Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental, considerada un lugar de importancia comunitaria e incluida dentro de la red Natura 2000 de la Unión Europea. La Fiscalía pretendía esclarecer si las obras ejecutadas para ampliar la superficie de Gibraltar habían provocado daños ambientales en este espacio marino protegido y determinar posibles responsabilidades penales.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de La Línea de la Concepción acordó el sobreseimiento provisional el pasado enero. No obstante, el pasado 28 de julio dictó un nuevo auto para incorporar un párrafo que había quedado fuera de la resolución por un «error personal e informático» y que el juez consideraba «imprescindible añadir».

En ese auto, el magistrado concluye que «no existen indicios de que se haya cometido ningún hecho que sea constitutivo del delito denunciado» o «al menos no un delito especificado e individualizado». La resolución también se apoya en un informe de la Guardia Civil sobre la cantera de La Utrera, situada en el municipio malagueño de Casares y utilizada para obtener materiales destinados a los rellenos, donde se señala que «todo es legal y regular».

El problema de la investigación, sin embargo, no se encuentra en tierra, sino en el mar. La Guardia Civil ha comunicado al juzgado «la imposibilidad de investigar la zona marítima en las que se realizan las obras por no permitirlo las autoridades de Gibraltar», una circunstancia que, según el auto, ha impedido avanzar en la obtención de pruebas. El juez considera que esa situación ha llevado la causa a un «punto muerto, no por motivos procesales ni judiciales, sino por motivos diplomáticos».

Por otro lado, la Fiscalía había solicitado que el juzgado requiriera al Instituto Oceanográfico la elaboración de un informe y autorizara el «auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la zona de especial conservación». El magistrado responde que no es necesaria una petición del tribunal, ya que la Fiscalía «puede acordar las diligencias preprocesales necesarias» y ordenar a la Policía Judicial las actuaciones correspondientes.

La reacción de Verdemar al archivo provisional de la causa no se ha hecho esperar. La organización ecologista, que pelea en el juzgado para que se le exima o se reduzca la fianza de 10.000 euros que le fue solicitada para personarse en el caso, subraya que «las administraciones competentes deberían asumir un papel mucho más activo en la investigación y protección» de la zona.

Este papel «no debería recaer únicamente sobre una asociación ecologista» que «trabaja fundamentalmente con voluntarios y que se sostiene con las cuotas de sus socios», según Verdemar, que señala que «los rellenos de Eastside o Marina Este afectan a un espacio marino de especial protección y, para Verdemar, la imposibilidad de investigar desde España lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera no puede convertirse en un obstáculo permanente para conocer qué está sucediendo en el medio marino».

10 héctareas en 30 años

Según los datos de Verdemar, Gibraltar ha ganado alrededor de diez hectáreas al mar durante los últimos 30 años. La denuncia que dio origen a este procedimiento se produjo tras los rellenos vinculados al proyecto urbanístico Eastside, que contempla un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras, sobre una superficie de más de 300.000 metros cuadrados ganada al mar.

El contexto resulta especialmente significativo después del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido para sacar a Gibraltar del limbo jurídico en el que lo dejó el Brexit. Este pacto permitió la retirada de la Verja a finales del pasado mes de julio. Se da la circunstancia de que en estas fechas también se firmó el auto de corrección del archivo provisional. La decisión judicial permite, por ahora, evitar un nuevo frente de confrontación.

Sin embargo, el Gobierno colonial no ayuda a evitar el choque diplomático, pues ya ha anunciado nuevos rellenos en la cara oeste del Peñón para construir 2.300 viviendas protegidas sobre una pastilla de 47.000 metros cuadrados ganada al mar. El proyecto se situará junto al puerto, en una zona distinta de la afectada por el desarrollo de Eastside.

El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, ha defendido esa política de expansión con una referencia a la tradición urbanística del territorio: «Gibraltar siempre ha crecido creando la tierra que su gente necesita, y cada generación de gibraltareños que se ha beneficiado de una vivienda asequible lo ha hecho porque una generación anterior estuvo dispuesta a construir».